Managua. La fiscalía de Nicaragua llevó ante la justicia por tenencia de armas restringidas a la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens y a otros 15 opositores que intentaron auxiliar a un grupo de mujeres en huelga de hambre, informó un grupo humanitario.

Los detenidos fueron acusados de “delitos relacionados con armas de fuego” en perjuicio de la seguridad pública, confirmó a la abogada María Oviedo, de la independiente Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Esa acusación es infundada, es una falacia. Jamás esos jóvenes se van a atrever a andar con un armamento ilegal”, dijo Oviedo, quien afirmó que el proceso es parte de una represalia política contra los opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.

La policía informó que los opositores fueron capturados el pasado jueves con 12 artefactos explosivos, una escopeta, tres revólveres y cuatro armas de fuego, y los acusó de pretender cometer “actos terroristas” en los departamentos de Managua, León y Chinandega.

“Tenían planificado continuar realizando actos terroristas contra edificios, unidades policiales, alcaldías municipales y monumentos”, dijo en rueda de prensa el comisionado Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Los opositores fueron detenidos tras intentar llevar agua a 11 mujeres que están en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, 30 km al sureste de Managua, para exigir la liberación de unos 139 opositores presos, en el marco de la llamada campaña “Navidad sin presos políticos”.

Ortega no reconoce que en Nicaragua haya presos por motivos políticos.

Bloqueo en iglesia

Este lunes, otros nueve opositores —siete mujeres y dos hombres— iniciaron una huelga de hambre en la catedral de Managua, como parte de la misma campaña para liberar a los detenidos por las protestas, informó a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

La policía mantiene sitiada la parroquia de Masaya para impedir el acceso a las huelguistas, que este lunes cumplen cinco días de ayuno, y las autoridades cortaron además el servicio de agua, mientras la policía mantiene sitiado el lugar.

José Borgen, un médico que intentó sin éxito entrar a la iglesia de Masaya, dijo que a los problemas de deshidratación que padecen las huelguistas se agrega el estrés que les causa “el asedio policial”. Los uniformados también cortaron el acceso a la catedral de Managua.

Los detenidos fueron trasladados este lunes esposados y con uniformes azules a los juzgados de Managua, donde un juez decidirá la apertura de juicio, según fotografías divulgadas por la CPDH.

El delito de tenencia ilegal de armas conlleva una sentencia de seis a ocho años de prisión, según Oviedo.