Más allá de las amenazas y falta de diplomacia, obvias diferencias entre los presidentes Trump y Obama, y a pesar de que este último le quedó a deber a nuestros connacionales políticas y reformas migratorias integrales, existen cambios en la dinámica social, la práctica de la defensa legal y las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos, que diferencian sus mandatos.

La primera diferencia es el miedo que existe entre los migrantes. El discurso xenófobo de Trump ha hecho que la comunidad tenga conductas complejas y problemas en términos de su salud mental, la de sus familias y seres queridos, que no veíamos con la misma intensidad antes.

En segundo lugar, el número de deportaciones de personas sin antecedentes criminales se ha incrementado casi al doble en los últimos meses. Hay persecuciones en las cortes y casos cerrados se reabren para detener gente y reiniciar sus procesos de deportación. Asimismo, mientras que con Obama el grueso de los deportados eran aquellos que en el intento de cruzar la frontera los retornaban (con una prioridad marcada para aquellos con historial delictivo y por faltas administrativas), ante las nuevas normativas de Trump, todos son prioridad. Personas que tenían más tiempo viviendo en Estados Unidos, así como migrantes, de áreas diversas a la frontera, jóvenes dreamers y familias de estatus migratorio mixto están regresando. Según datos de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración hay un incremento de 27.8% de órdenes de remoción (deportación) con un total de 49,983 en lo que va del año en comparación con 39,173 ejecutadas en el mismo periodo durante el 2016. De igual forma se muestra un incremento de 30.9% en órdenes de salida voluntaria con una totalidad de 57,069 comparadas a 43,595 ejecutadas en el mismo periodo el año pasado.

En tercer lugar, tenemos las órdenes ejecutivas y memorandos publicados en los últimos meses. Diversas propuestas derivadas de dichos documentos violan lineamentos constitucionales, tal es el caso de la orden ejecutiva en contra de los connacionales de países musulmanes o la participación de las autoridades locales en la persecución de migrantes en colaboración con el ICE. Preocupan casos como el de Texas y la puesta en marcha de la Ley SB4, así como algunos sucesos en contra de nuestros migrantes que se han dado en sitios como Alabama, Georgia, Kentucky, Arizona, las Carolinas y Nevada aun sin la puesta en marcha de alguna normativa antiinmigrante oficial. Otro cambio relevante es la figura de la deportación expedita, que violenta el debido proceso, al saltarse las cortes de inmigración y no permitir la defensa a la que tiene derecho cualquier persona. Casos como el de Luis, joven de 22 años, quien estaba a días de recibir su estatus migratorio especial DACA y fue detenido sin motivo alguno en su propio hogar por la policía local de Kentucky y deportado más tarde por las autoridades migratorias federales.

En el caso de los dreamers, y a pesar de que Trump anunció que el permiso DACA (Acción Diferida para aquellos llegados durante la infancia) continúa, hay preocupaciones. Existen ya 10 estados que cuestionan la continuidad del mismo y varias universidades han decidido aumentar las cuotas para estos jóvenes, poniendo en riesgo su continuidad en el sistema educativo.

Ante estas diferencias, es menester que la comunidad migrante esté informada. Al no conocer sus derechos y sentirse inseguros por su estatus migratorio indocumentado, son ellos mismos quienes les dan información de más a las autoridades migratorias y termina siendo perjudicial para su situación. Debemos enfatizar en la defensa legal integral y preventiva de nuestros connacionales para que puedan permanecer con sus familias y con el patrimonio que han construido en el vecino país del norte. Visibilizar, con apoyo de organismos internacionales, historias de vida con impacto binacional y casos violatorios de derechos humanos que se están dando, es también prioridad. Finalmente, sería deseable que el gobierno mexicano incluya los temas de migración y seguridad, en las mesas de negociación del TLC para tener contrapesos en beneficio de nuestra comunidad.

*Eunice Rendón es doctora en Políticas Públicas por Sciences Po, París; es coordinadora de Agenda Migrante; y extitular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

*Janeth Moreno es abogada experta en temas migratorios en Estados Unidos en Moreno Law y colabora con Agenda Migrante.