Londres permitió a agentes de inteligencia libios operar en suelo británico durante el régimen de Moamar Gadafi, lo que les permitió supuestamente intimidar a opositores políticos en busca de asilo, informó el viernes la prensa.

La información se basa en un análisis de documentos de los archivos de Gadafi recuperados después de su caída en 2011, que arrojan nueva luz sobre la cooperación entre Gran Bretaña y Libia, dijeron los diarios británicos The Guardian y Daily Mail.

Los archivos están siendo utilizados en una demanda judicial presentada por, o en nombre de, 12 hombres de origen libio, que fueron detenidos, sujetos a órdenes limitando sus movimientos o cuyos f ondos fueron congelados por Gran Bretaña en la década de 2000.

En los procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia, interpuestos contra las agencias de espionaje MI5 y el MI6, el ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio del Interior, los abogados de los hombres dicen que los archivos demuestran que nunca deberían haber sido objeto de tales sanciones.

Según documentos judiciales vistos por la AFP, los hombres fueron acusados de vínculos con el Grupo Islámico Libio de Combate (LIFG, en inglés), que luchó para derrocar a Gadafi y tenía vínculos históricos con Al Qaida.

Afirman en la demanda que las pruebas en su contra se obtuvieron a través de la tortura de miembros del LIFG, y que Libia y Gran Bretaña compartieron información sobre disidentes libios.

El gobierno británico trató que el caso fuera desestimado, pero el juez Stephen Irwin rechazó esta apelación el jueves.

Este proceso es el último en arrojar luz sobre las relaciones de Gran Bretaña con Gadafi tras un acuerdo con el ex primer ministro Tony Blair, que ayudó a restablecer las relaciones internacionales con el líder libio.

El año pasado, un ex dirigente del Grupo Islámico Combatiente Libio, Abdul Hakim Belhaj, fue autorizado por un tribunal británico a demandar al gobierno porque supuestamente Gran Bretaña conspiró con la CIA en su entrega a Libia, donde fue torturado.

El líder disidente libio Sami al Sadi fue indemnizado con 2.2 millones de libras (entonces 3.5 millones de dólares, 2.7 millones de euros) por el gobierno británico en el 2012, después de denunciar que fue entregado a Libia en el 2004 en una operación británica-estadounidense-libia.

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