Autoridades peruanas realizaron este martes una sorpresiva diligencia de exhibición de documentos en las oficinas de IDL-Reporteros, ubicadas en el distrito de San Isidro, en Lima, capital de Perú, luego de que publicaran una investigación periodística en la que revelaron varios audios que dejaban al descubierto supuestos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias entre integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

El Instituto de Defensa Legal-Rerpoteros (IDL-Reporteros), inciativa de periodismo de investigación dirigido por el periodista Gustavo Gorriti, cobró notoriedad internacional luego de articular la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil), Sudestada (Uruguay) y Quinto Elemento Lab (México), para compartir y difundir información a lo largo del continente sobre la trama de corrupción de la constructora Odebrecht y sobre el caso Lava Jato.

La diligencia, que se hizo sin previa notificación y sin documentación básica, la llevó a cabo el fiscal adjunto Rodrigo Rurush Castillo, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, junto con cuatro policías, según informa el medio peruano RPP noticias. Las autoridades se presentaron en las instalaciones de IDL-Reporteros para hacer un requerimiento de información sobre los audios correspondientes a la investigación que implicaría en supuestos actos de corrupción a funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Dentro de la investigación sobre tratos ilícitos, tráfico de influencias y otras faltas y delitos de consejeros del CNM y magistrados del Poder Judicial realizada por IDL-Reporteros, se han difundido hasta ahora audios en los que se escucha al juez César Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, conversa sobre alternativas de reducción de condena o incluso absolución al presunto abusador sexual de una niña de entre diez y once años.

La actuación de la fiscalía peruana se dió previo a la divulgación de dos nuevos audios este miércoles por parte de IDL-Reporteros, en los que se revelan los conflictos de intereses y prebendas del juez supremo César Hinostroza y el consejero Iván Noguera con empresarios locales.

En contra de esta diligencia realizada por la Fiscalía de Perú se pronunciaron ya el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP). “El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) protesta por esta irregular y prepotente incursión, que lesiona el derecho a informar libremente. El Ministerio Público no puede coaccionar a un medio a exhibir material informativo ni a revelar fuentes directa o indirectamente”, se lee en el comunicado del IPYS emitido este martes.

La APEP, por su parte, emitió un comunicado en el que condena la intimidación por parte de la Fiscalía a raíz del anuncio de IDL-Reporteros sobre la publicación de otros audios en los próximos días. “APEP condena cualquier tipo de presión de parte de las autoridades de incautar información obtenida por periodistas, y recuerda que es fundamental para la labor periodística poder mantener fuentes e información bajo reserva”, dice el boletín emitido por la APEP.

erp