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El fiscal general William Barr sigue los pasos punitivos de Trump
Permanecer largos periodos de tiempo en campamentos inhumanos, la apuesta de la administración.
Foto: The Washington Post
En sus interminables esfuerzos por desincentivar a los solicitantes de asilo centroamericanos para que no viajen hacia Estados Unidos, el gobierno de Trump ha optado por una nueva táctica: realizar detenciones indefinidas a inmigrantes, cuya tramitación y juicio pueden durar algunos meses o inclusive años.
La orden, que representa la primera participación del fiscal general William P. Barr en política de inmigración desde que fue confirmado en febrero, anula un precedente de larga data y sugiere que está a tono con el enfoque de la Casa Blanca.
La orden de Barr es limitada: no se aplica a menores de edad no acompañados ni a las familias con hijos; en cada uno de los casos no se pueden retener a sus integrantes más de 20 días.
Tampoco afectaría a los solicitantes de asilo que cruzan en cualquiera de las docenas de puertos de entrada legal a lo largo de la frontera suroeste.
En el pasado mes de enero, más de 20,000 migrantes que cruzaron a través de las entradas legales, fueron detenidos en su intención de buscar asilo.
Dado el elevado número de migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos, es justo que la administración desaliente a los centroamericanos a emprender un viaje peligroso que para la mayoría de ellos terminará con una orden de deportación.
Frente a una oleada de migrantes similar en el año 2014, el gobierno de Obama también buscó diversos medios de disuasión.
El problema con la medida de Barr es que confunde la teoría y la práctica. En teoría, sería razonable detener a los migrantes en la frontera, siempre y cuando existan instalaciones de detención adecuadas en las que los migrantes puedan ser atendidos en condiciones humanas para esperar días o algunas semanas mientras sus casos son revisados y juzgados.
En la práctica, los centros de detención dirigidos por la administración de Inmigración y Aduanas están llevando a cabo un registro de 50,000 migrantes, cifra superior a la autorizada por el Congreso.
Las instalaciones están rebasadas en su capacidad. Mientras tanto, unos 400 jueces de tribunales de inmigración enfrentan una acumulación de más de 800,000 casos, lo que significa que los nuevos casos se programan para el 2021. En lugar de contratar a varios cientos de jueces de inmigración para acelerar los juicios y reducir el número de casos, la administración obliga a algunos migrantes a regresar a México mientras esperan el resultado de las solicitudes de asilo. Trump y su política punitiva.
