Tras 24 años de presencia en Colombia, la ejecución de diez obras y el pago de sobornos (de los que se tiene conocimiento) por 11 millones de dólares, la Procuraduría General de la Nación (PGN), en cabeza del recién posesionado Fernando Carrillo, decidió pedir, a través de la vía judicial, la restitución inmediata de todo el dinero que Odebrecht pagó en sobornos a funcionarios públicos.

El procurador señaló que la entidad a su cargo trabajó para dar los primeros resultados de las investigaciones en uno de los casos de corrupción que más ha afectado a la sociedad colombiana .

Según Carrillo, se han iniciado investigaciones preliminares para identificar a los corruptos en este delito , por lo que desde el ente se iniciaron procesos a varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre los que se encuentran su presidente Luis Fernando Andrade, por la adjudicación de algunos contratos que la PGN está investigando.

Por otra parte, el procurador indicó que para los miembros de la junta directiva del Banco Agrario, que aprobaron un crédito por 120,000 millones de pesos colombianos (41 millones de dólares) a Odebrecht, también cursa una indagación preliminar.

Otro de los funcionarios que será investigado es Jorge Pizano, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, por el contrato de la obra del interceptor del trazado Tunjuelo-Canoas. Cabe destacar que, luego de la Empresa de Acueducto, Pizano pasó a trabajar para Odebrecht.

La Procuraduría mostró su preocupación por la demanda que tiene la multinacional en contra del Estado colombiano por 798,000 millones de pesos colombianos (272 millones de dólares). Esto es indignante, que ahora la sociedad colombiana le salga a deber , manifestó Carrillo, y aclaró que, aunque la investigación sigue, no hay más funcionarios involucrados.

Expresó que este proceso se hace en defensa del patrimonio público, frente al daño moral que causó esta empresa al Estado . Y frente a la paralización de las obras, por la caducidad de los contratos, dijo que se espera que la justicia ordene que estas obras no queden en veremos.

Cabe recordar que entre los acusados de haber favorecido a la multinacional se encuentran el exviceministro de Transporte, Gabriel García, quien fue enviado hace unos días a la cárcel La Picota, acusado por los delitos de cohecho, interés en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, debido a que participó, luego de recibir un soborno por 6.5 millones de dólares, en la adjudicación del contrato para la obra en el tramo dos de la Ruta del Sol.

También está capturado el exsenador Otto Bula, quien habría recibido 4.6 millones de dólares para asegurar la adjudicación de la obra Ocaña-Gamarra.