Dallas.- A cuatro días de que entre en vigor la ley antiinmigrante HB 87 en el estado de Georgia, un juez federal estadounidense en Atlanta bloqueó algunas de las partes más controversiales de la legislación.

El magistrado Thomas Trash, de la Corte Federal de Distrito Norte de Georgia, puso este lunes en suspenso una disposición que permitía a la policía exigir documentos que comprueben la ciudadanía o condición migratoria de las personas que sean detenidas en la vía pública.

Trash t ambién bloqueó una disposición que penalizaba a las personas que ofrecieran albergue o transporte a indocumentados.

Esta situación hubiera sido muy comprometedora para las familias en las que algunos miembros tienen ciudadanía estadounidense o residencia legal en este país, y otros carecen de documentos migratorios.

En su dictamen de 45 páginas, el juez expuso que las organizaciones de inmigrantes y de derechos civiles que interpusieron una demanda contra la ley el pasado 8 de junio, argumentaron que el mandato es inconstitucional.

Esa demanda expone que la legislación interfiere con el poder y la autoridad federal en cuestiones de inmigración, en contravención de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda fue apoyada por México, cuyo gobierno presentó ante la Corte un escrito como 'Amigo de la Corte' (Amicus Curiae), al que se sumaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.

La HB 87 de Georgia, que entraría en vigor este 1 de julio, se convierte así en la cuarta ley antiinmigrante cuyas partes medulares son suspendidas por orden de la justicia federal, luego de la SB 1070 de Arizona, la HB 497 en Utah y la SEA 590 de Indiana.

Hasta ahora, ninguna de las legislaciones estatales aprobadas para facultar a las policías a exigir documentos migratorios a personas sospechosas de estar indocumentadas han entrado en vigor.

Pese a ello, la gobernadora republicana de Carolina del Sur, Nikki Haley, promulgó este lunes la ley SB 20, que al estilo de las que se mantienen en suspenso, exige a los policías locales revisar el estatus migratorio de cualquier persona que sea detenida.

La SB 20 esta programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2012.

LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS DE LA HB 87

La Ley HB 87, que debe entrar en vigor el 1 de julio en Georgia autoriza a policías de ese estado a preguntar a cualquier persona que sea detenida en la vía pública sobre su estatus migratorio.

La legislación permite a los policías exigir documentos para comprobar la ciudadanía o condición migratoria de las personas con 'causa probable', como una violación de tránsito u otra infracción que dé pie a indagar al sospechoso.

También habilita a los agentes de policía a detener a quien localicen en violación de las leyes de inmigración, y conducirlos en calidad de arrestados a las cárceles estatales o federales.

Asimismo, la propuesta prohíbe a las dependencias o empleados estatales de Georgia conceder algún servicio de beneficencia pública a los inmigrantes indocumentados, incluyendo el de ayuda en alimentos a madres solteras y lactantes.

Establece además nuevos requerimientos para la contratación de empleados, así como sanciones a quienes sean sorprendidos transportando o albergando inmigrantes indocumentados, sin importar si la persona es un hermano, un padre o un hijo.

El Centro Hispano Pew en Washington advirtió que la HB 87 podría afectar a unos 425,000 indocumentados que residen actualmente en Georgia, quienes además de trabajar en las labores agrícolas se emplean en áreas como construcción, restaurantes, entre otros.

El mes pasado, el Buró Agrícola de Georgia, principal asociación de agricultores de esa entidad, reportó indicios de un éxodo de trabajadores en la zona agrícola del sureste del estado, por el temor que ha provocado la ley de HB 87 promulgada hace unas semanas.

APR