El empresario de la construcción Lázaro Báez se negó a declarar el miércoles en una investigación por supuesto lavado de dinero que sacó a luz un entramado de corrupción ligada a la obra pública en la última década en Argentina y que podría salpicar a la ex presidenta Cristina Fernández.

Báez, detenido la víspera, se negó a responder preguntas del juez federal Sebastián Casanello, quien dispuso su arresto, y le entregó al magistrado un escrito, confirmó a AP una alta fuente de la justicia que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a declarar sobre este caso.

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El empresario, dueño de le compañía Austral Construcciones, fue trasladado al penal federal de Ezeiza, en las afueras de la capital, donde deberá aguardar que el magistrado resuelva su situación procesal.

Báez recibió grandes contratos de otras públicas durante los gobiernos de Fernández y su difunto esposo y predecesor Néstor Kirchner (2003 a 2015).

Casanello acusa a Báez de haber ingresado 5,1 millón de dólares en una compañía financiera radicada en Buenos Aires con el objetivo de disimular y ocular "el origen y titularidad de tales capitales no declarados, iniciándose un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas".

El empresario niega los cargos.

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La causa comenzó en 2013 con una investigación periodística que señaló a Báez como supuesto testaferro de Kirchner. El empresario era oriundo de la provincia patagónica de Santa Cruz, al igual que el ex mandatario, y su crecimiento patrimonial coincidió con el ascenso político de los Kirchner, primero en la gobernación de esa provincia y luego la presidencia del país.

De acuerdo con la versión periodística, Báez recibía fondos para la obra pública, la cual no se completaba y previa maniobra para ocultar el origen el dinero era entregado a Kirchner.

Casanello declaró días atrás en una entrevista que en la causa hasta el momento no hay elementos que involucren a la ex presidenta Fernández, pero este miércoles el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, afirmó que "no descartamos ninguna línea de investigación, ni ningún nombre de otra persona".

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La causa, conocida popularmente como "Ruta del dinero K", se vio impulsada en los últimos días con la reciente difusión de un video en el cual se observa a Martín Báez, hijo de Lázaro, junto a otros sospechosos contando varios fajos de billetes, en apariencia dólares y euros, en las oficinas de la financiera mencionada en la resolución de Casanello.

Según medios locales, en el escrito que presentó el miércoles ante Casanello el empresario sostuvo que el dinero era lícito y que estaba destinado a comprar una hacienda.

De cajero del estatal Banco Nación Báez pasó a gerente del banco de la provincia de Santa Cruz en 1991, justo cuando Kirchner llegó a la gobernación de Santa Cruz.

Pocos meses antes de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003, el empresario creó Austral Construcciones S.A, que en cuestión de meses comenzaría a verse beneficiada con contratos de obra pública nacional y provincial.

La relación comercial con los Kirchner, que en parte salió a la luz en las propias declaraciones juradas de la mandataria tras la sucesión por la muerte de Kirchner en el 2010, incluye negocios inmobiliarios y hoteleros.

En otra causa, la justicia investiga si Báez contrató habitaciones en el hotel Alto Calafate, propiedad de Fernández, que nunca ocupó como parte de una maniobra para lavar dinero.

Las investigaciones también podrían rozar al hijo de Fernández, Máximo Kirchner, pero a diferencia de la ex mandataria el joven tiene fueros ya que fue electo diputado nacional.

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