Es una realidad que en México la figura de la subcontratación (outsourcing) ha sido atacada por autoridades, sindicatos y organizaciones laborales que, con razón en algunos casos y en otros por ignorancia, pretenden detener el cáncer que para las relaciones labores significa la “simulación” y que afecta no solamente derechos de jubilación y de seguridad social para el empleado, sino también al país en general, ya que la falta de cumplimiento de obligaciones tributarias hace un hueco importante en materia fiscal a México.

Los ataques a los que me refiero han sido en muchas ocasiones propiciados por los mismos empleadores que pretenden obtener “ahorros” en costos de nómina y gastos relacionados a la misma, abusando de la figura de la subcontratación e “intermediarismo” que muchos empresarios ofrecen como un servicio moderno para generar beneficios a las empresas sin, supuestamente, afectar derechos de los trabajadores.

Nada más falso que esta última afirmación.

En los esquemas mencionados, los derechos de los trabajadores efectivamente se violentan y vulneran, ya que estos supuestos esquemas de ahorro no cumplen adecuadamente con las obligaciones de seguridad social que afectan los derechos de jubilación y retiro de los trabajadores, no retienen el impuesto que debería corresponder al salario real del trabajador afectando al erario público y, en cuanto a prestaciones del personal, como se puede inferir, el beneficio será menor, dado que el salario reportado como tal es menor al que el trabajador recibe.

En muchos casos, este servicio es prestado por empresas que no cuentan con los elementos propios y suficientes para hacer frente a las obligaciones que les corresponden o por empresas que desaparecen y aparecen en escena según convenga a sus intereses.

Lo más triste de esta situación es que abogados y contadores avalan, sin otorgar un consejo ético, este tipo de esquemas.

Cabe mencionar que también existen, y son muchas afortunadamente, las empresas que prestan un servicio especializado de personal que cumple oportuna y cabalmente con las obligaciones que impone la ley.

Es prudente señalar que la figura de la subcontratación aplicada conforme a la legislación vigente (laboral, de seguridad social y fiscal) es un esquema totalmente aceptado en México y, por lo tanto, viable jurídicamente hablando, por lo que los ataques por parte de ciertos actores de la vida política del país, que aprovechan cualquier tema para llamar la atención sin tener en cuenta las consecuencias y alcances de sus comentarios, a lo único que llevan es a polarizar a la sociedad y desinformar de manera absurda, generando roces innecesarios para los factores de la producción.

Cosa totalmente contraria es la loable política que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo en estas fechas actuando en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social, buscando eliminar la simulación de actos de empresas y empresarios que pretenden ahorrarse dinero en detrimento de los derechos de terceros. Es importante reconocer el esfuerzo de la secretaria Luisa María Alcalde Luján y de su equipo de trabajo por esta labor, que puede parecer titánica pero que debe continuar y ser apoyada por todos.

Desde mi punto de vista, los empresarios en México que optan por contratar empresas de servicios que simulan una relación de trabajo a fin de obtener ahorros lo único que logran es diferir e incrementar una posible contingencia.

Firmemente creo que siempre es mejor y menos oneroso para el empleador cumplir con las obligaciones que le son impuestas por la legislación que tratar de evadirlas.

Una de las bondades del esquema de subcontratación que ha sido reforzado por las legislaciones de seguridad social y fiscal es solicitar información para que los contratistas o prestadores de servicios de personal acrediten al contratante el cumplimiento de sus obligaciones patronales y así coadyuvar con las autoridades en la vigilancia del cumplimiento de la ley.

Como conclusión a lo anterior, me gustaría dejar claro mi punto de vista y opinión sobre la subcontratación:

  1. El esquema de seguridad social y fiscal vigente, siguiendo lo que marca la legislación laboral, es viable y puede ser implementado en beneficio de empleadores y trabajadores.
  2. La subcontratación no debe ser un instrumento con el que se pretenda evadir el pago de prestaciones, beneficios e impuestos, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
  3. El cumplimiento de la legislación por parte de los empleadores siempre será, si se me permite el símil, mucho más barato que buscar esquemas para evadir responsabilidades que a la larga concluirán en litigios, requerimientos, etcétera, en su contra, y con pocas posibilidades de obtener resoluciones favorables a sus intereses.
  4. Un buen asesoramiento ético y especializado, desde el punto de vista legal debe ser considerado por las empresas antes de involucrarse en esquemas fraudulentos que proponen falsos beneficios y ponen en riesgo la viabilidad de los negocios.

En la nueva realidad que vive el país será necesario seguir de cerca la incorporación de la legislación secundaria en materia de subcontratación, que muy probablemente será propuesta para su análisis por alguno de los actores políticos y, desde mi óptica, deberá tener una mayor importancia vigilar que el cumplimiento de la legislación actual y la futura se lleve a cabo por las empresas, contratistas y contratantes, y que por las autoridades laborales se realice de forma tajante con las consecuencias correspondientes en caso de incumplimiento y, sobre todo, sin tolerar los esquemas de simulación mencionados en este artículo.

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