Actualmente las contrataciones de bienes y servicios se realizan a través de aplicaciones móviles, o bien, por plataformas digitales donde las personas manifiestan su voluntad mediante una firma electrónica simple (claves y contraseñas) o mediante firma electrónica avanzada; en este supuesto de contratación cabe hacer la siguiente pregunta ¿qué sucede después de dicha contratación electrónica? Las posibles respuestas son dos: i) las partes cumplen los acuerdos adoptados, y ii) una de las partes incumple alguna obligación adquirida.

En la primera de las respuestas señaladas anteriormente, todas las partes involucradas en la contratación digital celebran los acuerdos tomados; sin embargo, en la segunda respuesta nos enfrentaremos a una serie de requisitos legales y normativos que cumplir para poder hacer efectivas las obligaciones pactadas por medios digitales ante los tribunales, entre otros los siguientes:

Todo proceso de contratación digital deberá ser conservado en un mensaje de datos.

Los mensajes de datos deben cumplir con los principios de ser atribuible, íntegro y estar disponible para ulterior consulta.

El mensaje debe contar con una constancia de conservación expedida por un prestador de servicios de certificación autorizado por la Secretaría de Economía.

El tiempo de conservación será por el tiempo de vigencia de la relación jurídica que le dio origen y 10 años posteriores a la terminación del plazo acordado por las partes.

Cabe resaltar que, ante la hipótesis de incumplimiento de contrato, el reto que enfrentará el abogado litigante es iniciar una acción judicial con un contrato digital contenido en un mensaje de datos, mismo que servirá como documento base de la acción. Si bien es cierto que este tipo de contratación está reconocida por el código de comercio, lo más importante será generar convicción en el ánimo del juzgador para acreditar los extremos de la acción emprendida mediante una prueba digital como se prevé en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Imaginemos por un momento presentar un escrito de demanda en la vía ejecutiva u ordinaria mercantil acompañando para tal efecto un mensaje de datos contenido en un dispositivo de almacenamiento tal como un CD o una memoria USB, en sustitución de un contrato a papel firmado de manera autógrafa por cada una de las partes; aquí es donde comienzan los retos para el postulante, ya que deberá acreditar ante el juzgador que el contrato está contenido en el mensaje de datos y lo más importante que las partes otorgaron su consentimiento mediante el uso firmas electrónicas ya sean simples o avanzadas.

En este momento, dependemos de la habilidad del litigante, quien deberá argumentar ante un tribunal de manera lógica jurídica y técnica en informática que el contrato se encuentra contenido en un mensaje de datos, que dicho mensaje contiene la voluntad y consentimiento de las partes (atribuible), que los acuerdos contenidos en el contrato no han sido modificados (íntegro) y que se encuentra disponible para verificación posterior (ulterior consulta), además se tiene que acreditar que cuenta con un proceso de certificación ante un tercero autorizado por la Secretaría de Economía (prestador de servicios de certificación).

Como podemos observar, la prueba digital tiene marco sustantivo y adjetivo para ser ofrecida en un tribunal, los retos son tanto para los litigantes como para los jueces, de manera que conozcan de esta nueva forma de contratación que se da en medios digitales, ya que cada día será más común que se presenten demandas con este tipo de contratos, convenios o acuerdos.

El autor es Director jurídico de la Banca Digital BBVA.

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