Uno de los aspectos centrales del actual sistema de justicia es que por fin los juzgadores son los responsables de valorar las pruebas y alegatos para dictar sentencias y no el Ministerio Público, como ocurría en el pasado, quien daba por bueno o no el caudal probatorio, antes de presentarlo al juez. Este cambio cualitativo debiera reabrir la discusión sobre la inamovilidad de jueces y magistrados, como un paso orientado a consolidar definitivamente la profesionalización y eficacia de las instituciones de impartición de justicia; esta posibilidad debe, por supuesto, evitar vicios que dieron lugar a conflictos de interés y cacicazgos, mismos que dañaron al Poder Judicial.

Interpretación de preceptos constitucionales y tratados internacionales

El párrafo tercero del artículo 1 constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humano. En ese sentido, el hecho de que algunos jueces o ministros no hagan una interpretación conforme a la letra de la Constitución o de los tratados internacionales, sino que proyecten la forma de promover la dignidad personal y los derechos humanos siguiendo criterios diversos sobre lo que sería más favorable para la persona no debería generar un control de constitucionalidad difuso, ni presiones hacia el Poder Legislativo para plasmar en ley el sentido de sus resoluciones.

Digitalización para el fortalecimiento del sistema de justicia

La oralidad y la digitalización deben ir de la mano para fortalecer nuestro sistema de justicia, siendo así que el Poder Judicial tendría que promover el uso  de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones para varios propósitos como: obligar a las instituciones de procuración de justicia a integrar digitalmente las carpetas de investigación, posibilitar la realización en línea de consultas y diligencias, así como incrementar la seguridad y dar celeridad al procesamiento de la información, permitiendo la consulta inmediata de los expedientes —por los jueces— y verificar en tiempo real el grado de avance de los procedimientos.

Código de ética y conflictos de interés

En una sociedad como la nuestra, existirán siempre intereses de grupos económicos, sociales o del crimen organizado, que traten de desviar al Poder Judicial de su misión, juzgar y sentenciar con estricto apego a la ley; en ese sentido, la calidad de las resoluciones de impartición de justicia requieren no sólo el estricto apego de los juzgadores a lo que dicta la ley, sino también a que cada uno de ellos cumpla de manera inequívoca los principios éticos que prevengan el desvío de sus actos y resoluciones, con menoscabo al prestigio y credibilidad del sistema de justicia.

Autonomía de los órganos judiciales

El régimen democrático de México tiene en el Poder Judicial a uno de sus principales garantes, en el esquema de división y equilibrio en el ejercicio del poder, la autonomía e independencia del Poder Judicial se ha consolidado en los últimos años y debe prevalecer y acrecentarse en el futuro, más allá de la alternancia de los partidos políticos en el gobierno o de las posturas ideológicas que querrían centralizar de nuevo las decisiones del Poder Ejecutivo, el elemento central para el cumplimiento de esta responsabilidad es el control de constitucionalidad que obligue a los otros poderes a cumplir sus responsabilidades.

[email protected]