Globalización, nuevos modelos de gerenciamiento con enfoque en riesgos, conciencia sobre la importancia de la gestión transdisciplinaria, y otros conceptos que cuestionan hoy más que nunca el valor agregado que aportan ciertos actores en los procesos de las empresas y corporaciones, de los que, por supuesto, el abogado corporativo no se escapa.

Para los que estamos familiarizados con las estructuras empresariales y la forma en la que “fluyen por las tuberías” los diversos procesos y subprocesos, en algunos casos, suele percibirse que al momento de que un asunto llega para consulta, validación u opinión al área jurídica, es atravesar un portal dimensional que puede transportar un asunto aparentemente sencillo por un agujero negro en donde las nociones de tiempo y espacio son diferentes a las del resto de la compañía, los lenguajes son distintos y los inciertos peticionarios habrán de esperar para conocer la respuesta de los iniciados. La pregunta es, ¿actualmente, esto es cierto?

Cada vez en mayor medida, ideas en torno a que el derecho y la función jurídica en general no son cuantificables y medibles van quedando superadas, no sin reticencias fuertes en varios de los casos. Lo anterior resulta fundamental, en el contexto de los modelos actuales de administración, y por supuesto incluye a la función jurídica, que puede pasar de ser considerada exclusivamente como “centro de costos” y oficina de soporte al grupo de áreas sustantivas y productivas de la empresa.

En realidad, el cambio de visión no es privativo de las culturas corporativas empresariales, sino que tiene que ver también con el entendimiento del derecho, su función y, sobre todo, las consecuencias que de su práctica se generan. Desde la segunda mitad del siglo pasado, y particularmente respecto de la práctica del sistema de derecho anglosajón, se han realizado diversos estudios y publicaciones por profesores de las Universidades de Yale, Harvard y Chicago, entre otras, así como de reconocidos juzgadores de los Estados Unidos, como Richard Allen Posner y Guido Calabresi, buscando precisamente identificar el valor económico del Derecho. En ese orden de ideas, hay ciertas áreas de la práctica jurídica que por su propia naturaleza tienen una evidente vinculación con el fenómeno económico, como los aspectos de competencia económica, el derecho tributario, etcétera. Pero el análisis económico del derecho ha avanzado y cada vez son más las inferencias que pueden realizarse bajo esta misma guía.

Así las cosas, las empresas cuya cultura organizacional ha evolucionado son susceptibles de entender lo antes dicho, incluso promoviendo la participación proactiva y preventiva del abogado corporativo en las decisiones estratégicas desde su etapa de planeación, y no sólo como respuesta al botón de pánico o por ser requisito de un manual de procedimientos.

Estas concepciones no sólo son entendidas al interior de ciertas corporaciones, ya que también son materia de análisis difundidos por firmas globales como Deloitte y PWC, entre otras, así como de diversas publicaciones en revistas como Forbes, Expansión, etcétera, e incluso de presentaciones en contextos como el World Economic Forum y otros más.

Al respecto, es de citarse el estudio realizado por las profesoras investigadoras Sandra Enzler y Eugenia Navarro, de la ESADE Universidad Ramón Llull (2014), en el que, después de un interesante ejercicio de encuesta por cuestionario a alrededor de 500 profesionales relacionados con el tema y 54 entrevistas directas, concluyen, entre otros aspectos, que para los directores generales de la compañías nacionales e internacionales entrevistados existe una muy importante preferencia por la prevalencia de habilidades, competencias, enfoque a negocio e incluso promoción de prospectos, sobre la solidez técnico-jurídica como valor exclusivo para la contratación del abogado corporativo. En otras palabras, se trata del valor económico que el abogado corporativo puede aportar a la empresa, y no sólo del conocimiento jurídico cuando es ajeno al sistema de productividad de ésta.

Luis Bartolini Esparza es abogado corporativo y financiero, también es profesor de derecho bancario en posgrado de la Universidad La Salle.

@LBartolini