En efecto, el medio alternativo natural o idóneo para la solución de controversias es la conciliación. Necesitamos transitar profesionalmente en ella, mejorándola y cambiando radicalmente su naturaleza de procedimiento voluntario, que no ha servido, a una obligación de naturaleza netamente constitucional.

En tal virtud, el pasado 24 de febrero del 2017 ocurrió la gran reforma al Artículo 123 de la Constitución Federal de la República. Ahí, desde la exposición de motivos de esa reforma se manejaron las ideas y los planteamientos precisos para el cambio necesario. Desde ahí se fijan los dos presupuestos básicos y nuevos para que nosotros, como operadores jurídicos, entendamos la transición y modificación de nuestro hacer y nuestras actitudes. Por un lado, el cambio de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales dependientes del Poder Judicial y, por el otro, la creación de un organismo especializado en funciones netamente conciliatorias como una instancia previa y obligatoria al órgano jurisdiccional.

Por lo tanto, después de una serie de trabajos y estudios entre especialistas y con el consenso unánime del Congreso de la Unión y el aval de los congresos de los estados de la República, ya que se trataba de una reforma constitucional el Artículo 123 de la Constitución fue reformado y se le agregó la fracción XX que se relaciona con la creación de los centros de conciliación federales y locales, y del sistema de conciliación prejudicial obligatorio. La conciliación es muy antigua, como concepto, pero en materia procesal laboral federal nace con el Artículo 123, como una de las funciones claves para la resolución de los conflictos de trabajo.

En ese sentido, tanto las juntas de conciliación y arbitraje como las procuradurías de la defensa del trabajo tenían responsabilidades específicas en las tareas conciliatorias. Lamentablemente la carga de trabajo, los temas presupuestales, problemas de infraestructura, la falta de equipos y de capital humano han conducido a que el valor de la conciliación no haya triunfado, con independencia de —también aquí vale la pena destacar— la falta de ética con la que se conducen algunos postulantes y/o abogados en nuestra materia para que realmente se lleve a cabo una verdadera y real conciliación.

Los intereses, lamentablemente, son muchos, los presupuestos, escasos, y los resultados, desde el punto de vista de los números, son nada halagüeños. Por ende, el legislador se fue de un extremo a otro, de una conciliación voluntaria a, constitucionalmente, una conciliación obligatoria usando centros de conciliación especializados, imparciales, con autonomía, independencia, confiabilidad y profesionalismo que nos permitiera llevar a cabo una verdadera función de conciliación real.

Ahora bien, recientemente, con fecha 1 de mayo del año en curso, y en reglamentación a la fracción XX multicitada, fue reformada la Ley Federal del Trabajo. En resumen, se dispone de que habrá una instancia obligatoria conciliatoria previa a juicio a la cual deberán asistir los trabajadores y patrones; se señalan los requisitos de la solicitud de conciliación, los elementos aportados; y algo muy importante para la sanidad procesal, en la medida de que no se llegue a ningún acuerdo, es que todos los argumentos vertidos por las partes no podrán constituir prueba o indicio alguno en el procedimiento administrativo judicial. Los convenios celebrados ante los centros de conciliación, en congruencia con las recomendaciones de la Corte, adquirirán la naturaleza y condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título ejecutivo para iniciar acciones sin necesidad de ratificación.

Por lo tanto, el gran reto del nuevo modelo —lo marcan así los transitorios del decreto publicado el 1 de mayo del 2019— es que tengamos dentro de los plazos de tres y cuatro años respectivamente, según se trate de centros de conciliación locales o del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los presupuestos económicos, normativas y recursos necesarios, así como toda la reglamentación administrativa posible para tal efecto.

La conciliación, en consecuencia, es “la alternativa”, y a juicio mío es la opción más viable para la solución de los conflictos. Es la llave maestra. Por ello no debemos, colegas queridos y amables lectores, esperar a que fatalmente entre en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019 con la vacatio legis y temporalidad que marcan sus transitorios que hemos marcado ya.

Pongamos en vía de conclusión en la práctica nuestras habilidades y básicamente cambiemos de actitud para utilizar a la conciliación, a la mediación y a cualquier medio alterno en la solución de controversias para la resolución de todo el rezago que traemos cargando.

El autos es socio en el Bufete Díaz Mirón y Asociados, S.C.