Cancún, Qroo. La sobrerregulación ambiental y administrativa ha frenado desde el 2008 al menos dos proyectos hoteleros en la Riviera Maya y uno más en Cancún, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE-C) impulsará la creación del Consejo Estatal de Competitividad, desde donde insistirá en la flexibilización de la Ley General de Vida Silvestre.

El dirigente del organismo, Francisco Córdova Lira, aseguró que además de los proyectos frenados, los cuales representaban al menos 1,000 habitaciones adicionales repartidas en ambos destinos, se escapó otro gran proyecto residencial en Cancún, aunque no precisó montos ni nombres de los inversionistas.

A 10 meses de iniciada la administración estatal de Roberto Borge Angulo, el empresario lamentó que no se haya conformado el referido Consejo, que por ley debe ser impulsado y presidido por el gobierno del estado.

No estamos planteando derogar la ley, sino modificarla de modo que no sea sólo restrictiva, porque ahora sólo dice todo lo que no se puedes hacer; lo que queremos es que también incluya los cómo sí , comentó.

La tramititis, otro lastre

Aunado a ello, la excesiva tramitología da al traste con otros aspectos competitivos con los que destaca Quintana Roo en la medición que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad, como el dinamismo económico y el buen ambiente empresarial, que al promediarse con la falta de transparencia y la sobrerregulación ambiental y administrativa mantienen al estado de media tabla para abajo en el contexto nacional, sostuvo.

Sector restaurantero, afectado también

El dirigente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de la Riviera Maya, Antonio Cervera León, dijo que por lo menos durante el 2011 unas 25 inversiones pequeñas y medianas en los ramos restaurantero y de servicios turísticos no pudieron concretarse ante la imposibilidad de cumplir no sólo con los requisitos, sino con los tiempos que requiere la apertura de una marina o un pequeño restaurante en la Zona Federal Marítimo Terrestre.

La inversión es de por lo menos de 5 millones a 6 millones de pesos, que pareciera que no es tanto, pero son años en los que esta situación se mantenido alejando inversiones, que también generan empleo , comentó.

Cervera León dijo que ya está en el Congreso del estado la iniciativa para crear un atlas de inversiones con información georreferenciada disponible en Internet que reúna­ en un solo documento todo lo referente a usos de suelo, permisos federales, estatales y municipales que requiere determinado predio para ser desarrollado, con lo cual se busca que los posibles inversionistas caigan en actos de corrupción por desconocer qué se puede y no al momento de abrir un negocio.

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