Monterrey, NL. La inversión pública productiva ya no es el principal destino de las obligaciones financieras del gobierno de Nuevo León, debido a que se ha dado prioridad al refinanciamiento de la deuda.

En el 2017, este rubro ascendió a 4,505 millones de pesos, cifra que representó 15.1% del total de deuda inscrita por la entidad (incluye municipios y organismos) en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para refinanciamiento se consignó 55.5 por ciento.

Durante el 2016, la participación de la inversión en el total de financiamientos contratados fue de 42.6%, mientras dos años previos la totalidad de financiamientos se destinaron a dicho concepto productivo.

Además, para este 2018, el Congreso estatal autorizó deuda por 2,550 millones de pesos para la inversión pública productiva, cifra menor en 43.4% respecto al registro del 2017, en un año que entran las restricciones de endeudamiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Kristobal Meléndez Aguilar, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias (CIEP), comentó que a partir del 2018 la Ley de Disciplina Financiera dispone que todo gasto debe ser respaldado por un ingreso y sólo se permite el endeudamiento para refinanciamiento del servicio de la deuda y para inversión pública productiva.

“Nuevo León utilizó estas dos estrategias permitidas (...) en estos casos en que hay limitante de endeudamiento es importante esta estrategia para no hacer recorte importante al gasto público, y la otra es que puede financiar la inversión pública productiva”, expuso.

El analista abundó que la entidad tendrá un recorte en la inversión pública con respecto al 2017; sin embargo, tomó la opción de pedir prestado para obtener recursos de otros financiamientos y así no afectar los ingresos que obtendrá para destinarlos a otros rubros como educación, salud, seguridad, principalmente.

Largo plazo

A partir del 2016, el financiamiento de largo plazo contratado por el gobierno de Nuevo León se ha destinado a inversión pública productiva, tal como lo marca la Ley de Disciplina Financiera, según información de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

De acuerdo con cifras del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 2016 se destinaron 4,776 millones de pesos a la inversión pública productiva, de esta cifra, el crédito de 1,750 millones fue para el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León y otro de 1,500 millones del gobierno estatal, los montos más elevados.

Cabe mencionar que en el 2015, último año de gobierno de la administración anterior, los financiamientos para inversión fueron por parte de los municipios. En el 2014 fue la misma dinámica y sólo resalta la inscripción de 1,835 millones de pesos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; mientras en el 2013 y en el 2012 únicamente se registró un crédito en cada año por parte del gobierno estatal, de 1,000 millones y de 1,073 millones, respectivamente.

Entre el 2012 y el 2017 se inscribieron en total 79 créditos en Nuevo León (estado, municipios y organismos), que suman 56,732 millones de pesos; de éstos, 59.6% se dirigió a refinanciamiento, 24.9% a inversión pública productiva, 14.6% a cubrir necesidades de corto plazo y 0.9% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

En este lapso, la obligación con el mayor plazo de pago fue del gobierno de la entidad, inscrita el 21 de octubre del 2013 con destino a inversión, a 358 meses y por 1,000 millones de pesos.

El especialista del CIEP añadió que “Nuevo León ha empezado a hacer ajustes y ello le da una perspectiva de que a mediano y largo plazo va a mejorar las finanzas públicas estatales, el primer año es doloroso, los ajustes son más fuertes, en los siguientes años habrá mayor posibilidad de inversión pública productiva”.

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