Guadalajara, Jal. A través de un convenio firmado con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fabricantes joyeros ofrecen promover y proteger los derechos de los consumidores, así como difundir entre los industriales la cultura de proveedores responsables, ética empresarial y mejores prácticas comerciales.

El presidente de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco (CRIJPEJ), Ramón Parra Pedroza, advirtió que en el mercado local se comercializan piezas de joyería fabricadas en Medio Oriente que compiten de manera desleal y que no cumplen con la calidad que ofrecen.

“Un verificador de Cámara de Joyería, del departamento del Grupo de Calidad, en el año recolecta 12 piezas por empresa y las lleva al laboratorio de metales; estas 12 piezas se recolectan aleatoriamente, el factor sorpresa es un tema importantísimo y así poder llegar a obtener el resultado óptimo”, detalló Parra Pedroza.

Indicó que para el organismo es prioritario el esquema de autorregulación que desde hace 20 años se practica a través del Grupo de Calidad que garantiza el kilataje y calidad de las piezas de oro y plata con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-033-Secofi-1994.

El presidente de la CRIJPEJ explicó que el organismo cuenta con un laboratorio certificado y auditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, porque “de repente hay fallas en la industria, pero son mínimas y sí las detectamos”.

En tanto, el procurador federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, señaló que la autorregulación y autovigilancia son necesarias para mejorar las prácticas comerciales.

Revisión a gasolineras

En ese marco, el funcionario federal anunció que si alguna gasolinera se niega a ser verificada por la dependencia, se recurrirá a la policía para que ésta obligue a los responsables de las estaciones de servicio, permitir la revisión por parte de los inspectores de Profeco.

“He dado la orden, sobre todo en gasolina y gas, que cualquier negativa a la verificación, se va de inmediato a solicitar el auxilio de la policía local para que obligue al suministrador del servicio a permitir la verificación”, expuso Cerda Pérez.

El titular de Profeco indicó que en el 2017 se realizaron 8,000 verificaciones a estaciones de servicio, de las cuales en 550 hubo negativa a la revisión, y recordó que la sanción económica para quienes se nieguen oscila entre 250,000 y 2.5 millones de pesos.

[email protected]