La deuda que contrajeron las entidades federativas del país entre enero y julio de este año alcanzó máximos históricos.

En el marco de la entrada de la Ley de Disciplina Financiera, los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único ascendieron a 119,389 millones de pesos en los primeros siete meses del 2018, que significó el mayor nivel observado desde 1995, año en que comienza la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicho monto representó un crecimiento anual de 238.3%, el más elevado desde el 2010, en igual periodo de comparación, de 250.7%, aunque la diferencia en absolutos, en relación al año previo, es otra: 84,094 millones de pesos en el 2018 y 8,281 millones en el 2010.

“Había un gasto público estatal el cual no estaba respaldado por los ingresos. Las administraciones estatales lo que hacían muchas veces era endeudarse y dejar el problema a los futuros gobiernos. Los ciudadanos salían perdiendo, porque el costo de los servicios púbicos iba incrementando conforme aumentaba la deuda”, detalló Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Hasta el momento la Ley de Disciplina Financiera tiene un relativo éxito porque ya se sabe para qué se piden los préstamos, por ejemplo, si es para refinanciamiento o también para la inversión pública productiva. Otro elemento importante es que se promueve que todos los presupuestos de Egresos deben ser sostenidos”, sostuvo.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), explicó que el Sistema de Alertas indica si una entidad está incumpliendo los lineamientos de endeudamiento, buscando garantizar que ninguna entidad se endeude por encima de su capacidad.

El Registro Público Único de la SHCP forma parte del Sistema de Alertas, herramienta que emana de Ley de Disciplina Financiera, cuyo objetivo es que por medio de un marco normativo se promueva el uso responsable de la deuda pública y la transparencia de cuentas, es decir, poner candados al endeudamiento.

El Sistema de Alertas clasifica en tres el nivel de endeudamiento de las entidades: sostenible (semáforo verde), en observación (amarillo) y elevado (rojo). Esta clasificación permite determinar el techo de financiamiento neto del próximo ejercicio fiscal.

En verde, la entidad podrá adquirir financiamiento adicional equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición; en amarillo, sólo a 5%, y en rojo, sin poder contratar deuda.

En la cima

Del monto de 119,389 millones de pesos inscritos en el Registro Público Único durante el lapso enero-julio del presente año, Chihuahua presentó la mayor adquisición de obligaciones financieras, con 28,215millones; en el Sistema de Alertas se ubica en endeudamiento en observación.

A la economía chihuahuense, le siguieron Sonora, Nuevo León y Baja California, con financiamientos por 21,582 millones, 18,019 millones y 11,171 millones de pesos, respectivamente. La suma de las cuatro entidades de la frontera norte equivale a 66.2% del total.

“Es parte de la estrategia que los estados del norte han establecido para enfocar y promover el crecimiento económico. Las entidades fronterizas son las que más crecen y, por lo mismo, tienen más margen para pedir”, agregó el director del Idic.

Meléndez Aguilar dijo que Chihuahua está en semáforo amarillo por el monto de la deuda elevada que tiene, “es una situación que algunos estados tuvieron en descontrol”.

De la Cruz Gallegos opinó que Sonora “al no tener ingresos por otros lados tuvo que recurrir a un mayor endeudamiento. No tiene que rebasar el monto ni comprometer las finanzas de la entidad. Los esquemas de responsabilidad financiera permiten esta estrategia, permite enfrentar los compromisos previos”.

“A partir del 2018 los estados tienen que acabar con egresos sostenibles y a quien le afectaba más esta situación era a Nuevo León, así que tuvo refinanciar su deuda. Ésta fue una estrategia, que en este 2018 era el año en que iba a tener problemas, ya para el 2019 su carga financiera tendrá una mejor perspectiva”, indicó el analista del CIEP.

Concentración

Por destino, los 119,389 millones de pesos en los primeros siete meses del año se repartieron de la siguiente manera: 52.9% a refinanciamiento, 20.3% a inversión pública productiva, 18.1% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal y 8.6% al binomio de inversión y refinanciamiento.

“El refinanciamiento se da cuando la entidad está afectada o cuenta con una tasa de interés elevada. Se refinancia a un plazo mayor para que la porción sea menor. Otra ventaja que hay es que las condiciones de tasa de interés mejoran, aunque no siempre ocurre esto. Normalmente la tasa usa como referencia la del Banco de México más un porcentaje extra”, puntualizó Kristobal Meléndez.

“La inversión pública productiva se destina a infraestructura o algún proyecto que traiga algún beneficio a los ciudadanos”, enfatizó.

Eufemia Morales Basilio, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que “el destino de cubrir insuficiencias de liquidez implica endeudarse por carencias de dinero en el corto plazo, para hacer frente a otras erogaciones del gasto corriente”.

Excepciones

De los financiamientos inscritos en el periodo de análisis Aguascalientes, Tlaxcala, Sinaloa, Guanajuato y Tamaulipas fueron los únicos estados que destinaron esos recursos a inversión pública productiva; Quintana Roo y Campeche, a refinanciamiento, y Guerrero y Nayarit, a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Aguascalientes, Sinaloa, Guanajuato y Tamaulipas tienen el semáforo verde del Sistema de Alertas, con datos al primer trimestre del 2018 (Tlaxcala no registrada deuda a dicho corte). “Cuando son estados poco endeudados con una economía creciente y generadora de ingresos propios pueden apostar para que la deuda tenga fines productivos”, subrayó la investigadora de la UNAM.

“En Aguascalientes las industrias son sólidas y engloba las características idóneas para ser considerado un estado que dirige correctamente sus políticas al crecimiento y la estabilidad, aunado a que destinan la deuda a fines productivos”, añadió.

Quintana Roo es uno de los estados que se encuentra en semáforo amarillo y adquirió un monto de 319 millones pesos, todo a refinanciamiento.

“Si las entidades están en semáforo amarillo, todavía la ley le permite 5 % de sus ingresos de libre disposición y destinarlo a un financiamiento. Mientras tenga este color de semáforo no está incumpliendo con la ley”, opinó el especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.