Tijuana, BC. La Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) estimó que alrededor de 1,700 haitianos se quedarán sin trabajo en Tijuana, ya que las autoridades fiscales no les facilitan la deducción de impuestos por el pago de sus sueldos.

El presidente de AIMO, Salvador Díaz, explicó que las compañías absorben el costo de la contratación de los migrantes de Haití, ya que no sólo pagan sus sueldos, sino que no pueden deducirlos como en el resto de la nómina.

El problema, según indicó el empresario, es que los trabajadores no cuentan con documentos mexicanos como la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es reconocido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para condonar ese gravamen.

No sólo es el gasto por cada salario sino también las utilidades, es decir, como empresa entre más gasto tengo más impuestos me cobran; tenemos herramientas para deducir los impuestos, pero en este caso con los haitianos estamos teniendo trabas , lamentó.

Dijo que desde que los haitianos llegaron a Baja California, el año pasado, el Instituto Nacional de Migración otorgó permisos de trabajo, pero no existe alguna otra identificación que les permita a las empresas integrarlos a su operatividad administrativa.

El presidente de AIMO expuso que en este momento las compañías analizan el despido, aunque primero tratarán de defender legalmente que la autoridad fiscal les deduzca esos salarios, pero de no tener éxito el despido sería la solución.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social en Baja California, Juana Pérez Floriano, explicó que los haitianos en México únicamente pueden tener acceso a servicios médicos, y que la falta del CURP impide a las empresas maquiladoras deducir impuestos ante Hacienda. Sin embargo, advirtió que las cifras dadas a conocer por AIMO, de 1,700 empleados haitianos, no son correctas, e incluso estimó que el número de empleados afrodescendientes es de cuando mucho 1,000 personas.

A inicios de este año, el Instituto Nacional de Migración firmó un acuerdo de colaboración con Index nacional para facilitar el proceso de contratación de migrantes de Haití con el fin de resolver el rezago en la plantilla laboral de las fábricas, que en ese entonces era de 8,000 espacios en Tijuana y ahora se estima en 4,000.

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