Cancún, QR. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, reveló que el tema de los despojos de propiedades en Tulum operado mediante las juntas locales de Conciliación y Arbitraje dejó de ser un asunto laboral para ser un asunto penal, en el que hay suficientes elementos para fincar responsabilidades a funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría del Trabajo en Quintana Roo.

Recibimos con enorme pena el reporte de que bajo el manto de la legalidad, el uso de las Juntas de Conciliación y el uso del derecho laboral, se generaron actos de pérdida de patrimonio y que esto generaba una gran incertidumbre a la inversión y violación de derechos a particulares que legítimamente habían hecho esfuerzos para poder hacer algo, o para poder invertir y generar empleos , aseguró durante su visita este fin de semana a Cancún.

Asimismo, afirmó que desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha dado vista al Ministerio Público para iniciar los procedimientos resarcitorios y penales correspondientes. El tema, agregó, está siendo observado muy de cerca por la Asociación de Industriales de México y la propia Secretaría de Turismo, ya que se afectó la imagen de un estado que es ventana del país hacia el mundo, al captar no sólo turismo, sino millones de dólares en inversión inmobiliaria.

No fue un tema que hicieron novatos, fue muy bien pensado, muy bien estudiado, y tutelado, desde luego habrá que tomar medidas ejemplares , advirtió.

Explicó que el modus operandi era no notificar al dueño de la propiedad -hoteles boutique en la mayoría de casos- para luego proceder al embargo, bajo la exigencia de una indemnización laboral diez o 15 veces superior a lo que en realidad correspondía al supuesto empleado demandante de acuerdo con su sueldo.

Cabe recordar que se lograron documentar en medios de circulación nacional casos en los que funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Tulum ejecutaron procedimientos de embargo de hoteles a favor de particulares, quienes aseguraban haber sido empleados de dichos inmuebles con sueldos de 753,234 pesos mensuales. Es importante señalar en este contexto que la demanda por despido injustificado derivaba en el embargo de la propiedad.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de Quintana Roo informó hace una semanas que los despojos de hoteles en Tulum habían obligado a que miembros de ese organismo se tuvieran que negar a comercializar inmuebles que estuvieran involucrados en juicios laborales, como medida de seguridad para evitar futuros conflictos que deriven en desalojos.

Wexford James Tobin Cunningham, dirigente de AMPI Cancún, recordó que en los referidos desalojos de 16 hoteles en Tulum, en los que hay acusaciones directas de despojo que involucran a las juntas de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, se han presentado absurdos, tales como el que los empleados que ganaron el juicio laboral declararon que tenían sueldos de más de 700,000 pesos mensuales, lo que únicamente podía ser resarcido con el embargo de un hotel boutique completo.

Insistió en que de no esclarecerse de manera pronta estos casos, la imagen del Caribe mexicano podría verse lastimada, quedando en entredicho la certidumbre jurídica de quienes quieran invertir en la entidad.

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