Cancún, QR. Con el triunfo ya oficial de Laura Beristain Navarrete, como presidenta municipal de Solidaridad (de la coalición Juntos Haremos Historia), iniciará una nueva etapa en el litigio del ayuntamiento contra la concesionaria de agua potable Aguakan, sobre la cual pesan acusaciones de incumplimiento de contrato por mal servicio.

La presidenta municipal electa ratificó a El Economista que el retiro de la concesión a la empresa será prioridad durante su mandato y comenzará con la estrategia legal apenas inicie su administración.

Tras recibir su Constancia de Mayoría, Beristain Navarrete dijo que no permitirá que su mandato transcurra sin que inicien las medidas legales necesarias que le permitan al ayuntamiento volver a tener el control de uno de los servicios básicos en todo municipio, como es el del agua potable, el cual aseguró que fue concesionado de manera ilegal a la empresa Aguakan.

La alcaldesa electa recordó que durante el mandato de Roberto Borge Angulo como gobernador de Quintana Roo y Mauricio Góngora Escalante como presidente municipal de Solidaridad, se otorgó la concesión del servicio de agua potable hasta el año 2052, “de espaldas a la ciudadanía y en violación a disposiciones que tajantemente prohíben concesionar servicios básicos como el agua potable”.

Disposiciones

Entre las disposiciones legales que se violaron, mencionó el artículo 79, del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.

Además, el contrato no se licitó, sino que se le asignó de manera directa a la empresa, lo cual constituye una ilegalidad, con base en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, la cual obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en el 2014, aseguró Beristain Navarrete.

A cambio de la concesión, Aguakan pagó una contraprestación de 1,050 millones de pesos que fueron entregados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la cual entregó el dinero íntegramente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, de donde desaparecieron y hoy constituye una de las líneas de investigación contra exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, recordó.

Agregó que aunque la saliente administración de Solidaridad ingresó a tribunales un juicio para el retiro de la concesión, se trata de un recurso que está apenas iniciando, por lo que su gobierno decidirá si continúa con éste o inicia otro para darle mayor robustez a la estrategia legal.

Al consultar a la empresa sobre las declaraciones de la alcaldesa electa, la oficina de Comunicación Social de la compañía se reservó el derecho de emitir comentarios al respecto.

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