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Consejos fiscales, positivos para los estados: Moody’s
La creación de estos organismos mejoraría la transparencia del dinero público de los gobiernos locales.
“Cualquier mecanismo que abone a la transparencia en la distribución, el uso y la asignación de recursos a estados y municipios definitivamente sería algo positivo para las finanzas públicas subnacionales”, indicó Nuvia Martínez, analista de Gobiernos Subsoberanos de la calificadora Moody’s Investors Service.
En entrevista, detalló que, para mejorar la transparencia de los recursos públicos de los gobiernos locales, se pueden establecer mejores fórmulas o consejos fiscales, como han propuesto diversos organismos nacionales e internacionales.
“En la medida en que haya terceros involucrados como consejos u otros mecanismos que abonen a la transparencia y en la regulación, (los estados) estarían minimizando situaciones de corrupción o desvíos de recursos”, destacó.
Kristobal Meléndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, agregó que los consejos fiscales estatales deben ser autónomos y deben tener reglas claras sobre sus funciones.
Consideró que si bien la Ley de Disciplina Financiera exige a las entidades tener más orden en sus finanzas públicas, no estaría mal que un organismo autónomo les esté “poniendo la lupa”.
“Para cumplir con lo que establece la ley de tener finanzas sostenibles, los estados deben incrementar ingresos a través de impuestos, o bien, recortando el gasto, para ello sería bueno un consejo fiscal que oriente en qué es lo más conveniente”, explicó.
Los expertos mencionaron lo anterior ante los señalamientos de opacidad que se han hecho al Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, popularmente conocido como el fondo moche o la caja negra del presupuesto.
Dicho ramo está siendo evaluado por el próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador para ver si se reducen los recursos que se le aprueban cada año o incluso se pueda eliminar.
“Si existe una nueva regulación en donde se propongan nuevas reglas más claras, eficientes y con variables cuantificables puede ser positivo”, expresó Nuvia Martínez.
Enfatizó que el Ramo 23 no está regulado como los ramos 28 de participaciones o 33 de aportaciones, los cuales tienen lineamientos y fórmulas de distribución de los recursos que les da la Federación.
“Dentro del Ramo 23 hay algunos fondos que tienen lineamientos de operación, pero hay otros que no tienen reglas específicas; entonces, si la nueva administración busca regularlo a través de una fórmula específica de distribución, abonaría a una mayor transparencia y claridad en cómo son asignados y cómo están siendo utilizados estos recursos”, destacó.
El Ramo 23, aclaró, tiene como objetivo tener ciertos beneficios para ampliar o reducir el presupuesto que se le asigna cada año, pues en dicho rubro se encuentra, por ejemplo, el Fondo de Desastres Naturales, el cual, ante una contingencia, posiblemente requerirá mayores recursos y se le incrementen respecto de lo aprobado.
“Quizá necesitemos una fórmula que nos dé más claridad en cuanto a la asignación de recursos y, de ser así, no nos tendríamos que preocupar tanto en si existe un desfase o no entre lo que se aprueba y lo que se ejerce cada año”, puntualizó.
Dependencia
La analista de Moody’s consideró que, si se eliminara por completo el Ramo 23, no sería una situación conveniente para los estados que tienen una significativa dependencia de las transferencias que reciben de este rubro.
“La eliminación total de las transferencias que se hacen del Ramo 23 a los estados sería negativa, porque en promedio, en los últimos cinco años, 6.1% de los ingresos totales de los estados está representado por este ramo, de tal manera que, si se elimina, aumentaría lo que nosotros definimos como los requerimientos financieros”, expuso.
La segunda implicación negativa, precisó, sería en el gasto de capital (inversión), ya que las entidades tenderían a reducir este gasto porque es más fácil ajustarlo que el operativo. Sin embargo, acotó que todo dependerá de qué tan dependientes son los estados del Ramo 23.
Detalló que el déficit financiero de las entidades aumentaría en promedio 2%, de igual forma el gasto de capital reduciría 2% y el endeudamiento en ciertos estados se elevaría, lo cual no es conveniente para sus finanzas.
