Cancún, QR. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, dijo que analizan junto con autoridades estatales y municipales de Quintana Roo la posibilidad de revertir la concesión de Aguakan.

“No hay muchas privatizaciones de agua en el país, pero sí hay en seis estados; estamos tratando de trabajar con los municipios y con los estados, como por ejemplo sería en Cancún y Aguascalientes, donde la gente no está contenta.  Nosotros estamos brindando asesoría, pero tiene que haber voluntad tanto de los estados como de los municipios para poder revertirla, dentro del marco de la legalidad”, expuso.

El retiro de la concesión de agua potable fue una promesa de campaña del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, bajo el argumento de que la cancelación del contrato significaría el pago de una elevada indemnización.

En noviembre del 2014, la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó prorrogar anticipadamente a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, empresa dueña de Aguakan, la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En esa misma sesión, se incorporó al título de concesión el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para el municipio de Solidaridad. En ambos casos, la prórroga en Benito Juárez e Isla Mujeres y la incorporación de Solidaridad, se determinó la vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2053.

A propósito de esta concesión, la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, en una entrevista previa recordó que durante el mandato de Roberto Borge Angulo como gobernador de Quintana Roo y Mauricio Góngora como presidente municipal de Solidaridad se otorgó este contrato hasta el 2053, “en violación a disposiciones que prohíben concesionar servicios básicos como el agua potable”.

Entre las disposiciones legales que se violaron, mencionó el artículo 79 del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipal.

Además, el contrato no se licitó, sino que se le asignó de manera directa a la empresa, lo cual, dijo, constituye una ilegalidad, con base en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo, que obliga a licitar una concesión como la que se adjudicó de manera directa a Aguakan en el 2014.

A cambio de la concesión, Aguakan pagó una contraprestación de 1,050 millones de pesos que fueron entregados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la cual entregó el dinero a la Secretaría de Finanzas y Planeación, “donde desaparecieron y hoy constituye una de las líneas de investigación contra exfuncionarios de la administración de Roberto Borge”, recordó Beristain Navarrete.

Seguimiento

En una visita a Cancún en abril del 2019, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, anunció que haría un seguimiento a la operación de Aguakan, por la irregularidad en el otorgamiento de la concesión y las numerosas quejas de los usuarios.

Explicó que la concesionaria de agua potable ocupa el segundo lugar en número de quejas, apenas por detrás de la CFE; en el 2018 sumó 2,500 quejas debido a cobros indebidos, “los medidores registran como consumo el fluido de aire a través de las tuberías”.

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