Cancún, QR. Aguakán, empresa concesionaria de agua potable en Quintana Roo, intentó ampararse, sin éxito, en contra de la creación del nuevo municipio de Puerto Morelos, ante el riesgo que esto le suponía para mantener la concesión de agua potable.

El director jurídico del ayuntamiento, Josué Arjona Dzib, aseguró que esto implica un primer triunfo en la batalla legal contra la concesionaria, pues el juzgado segundo de distrito sobreseyó el recurso por improcedente, en el cual Desarrollos Hidráulicos de Cancún-Aguakán, se amparaba contra el Decreto 342 por el que se creó el municipio de Puerto Morelos.

Por virtud de la posible concesión de amparo, se le permitiría a la parte quejosa tener por no constituido el municipio de Puerto Morelos, mientras que el resto de las personas del lugar sí lo tendrían por constituido; haciendo nugatoria la protección constitucional, al aislar el efecto del amparo exclusivamente al ámbito individual del agraviado, dado que carecería de lógica y sentido práctico que la posible desincorporación de las normas reclamadas lo excluyan de la posibilidad de entablar vínculos con otras personas físicas, morales u oficiales que desarrollen sus actividades en el municipio de Puerto Morelos , se lee en el resolutivo del expediente de amparo 1662/2016, promovido por Aguakán.

El recurso interpuesto por la concesionaria buscaba también protección contra un extrañamiento emitido por el ayuntamiento de Puerto Morelos, en el que instaban a la empresa a abstenerse de continuar rompiendo las calles de la ciudad para la instalación de la red de agua potable, en tanto no se definiera qué organismo sería el encargado de proporcionar el servicio en el municipio.

Arjona Dzib dijo que esta parte del amparo también quedó sobreseída una vez que el ayuntamiento retiró el extrañamiento; sin embargo, reconoció que es prácticamente seguro que la empresa busque llevar el asunto a juzgados federales, aun cuando la vía de resolución debe ser la Sala Constitucional y Administrativa de Quintana Roo, lo cual de hecho será parte de la estrategia legal a la que se apegará el ayuntamiento.

Aguakán, manifestó, tiene hasta el 23 de diciembre para hacer valer su derecho de audiencia y presentar los argumentos que considere pertinentes.

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