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Legisladores buscan dotar de facultades a corredores públicos en comunidades agrarias
La propuesta plantea reconocer que los avalúos emitidos por corredores públicos sean válidos en el régimen de propiedad social.
Foto EE: Archivo
Legisladores de Morena impulsarán una reforma que acredite a los corredores públicos para dar fe pública al sector agrario, y se conviertan en un actor complementario de los notarios, con el fin de promover mayor competitividad en las comunidades con costos asequibles.
La propuesta plantea reconocer que los avalúos emitidos por corredores públicos sean válidos en el régimen de propiedad social, reafirmando una facultad ya reconocida en la legislación federal, pero hasta ahora omitida en la Ley Agraria.
La iniciativa de reforma del diputado federal morenista José Narro Céspedes, busca democratizar el Acceso a la Fe Pública en el Ámbito Agrario, ya que en gran parte del país, especialmente en zonas rurales y marginadas, no existe presencia física de notarios públicos. “Las distancias geográficas y los costos de los servicios impiden a los sujetos agrarios ejercer en condiciones reales su derecho a la certeza jurídica”, expone.
Por ello, esta reforma busca corregir una exclusión normativa histórica, eliminar barreras de acceso, y promover una mayor competitividad y cobertura territorial, sin que ello implique gasto público adicional.
De acuerdo con la iniciativa, no se sustituye al notariado, sino que lo complementa, fortaleciendo la oferta institucional en beneficio de ejidatarios, comuneros y comunidades agrarias en todo el país.
El presente gobierno ha destacado el rol de los corredores públicos como un actor paralelo a los notarios para dotar la seguridad jurídica y ampliar el rol de éstos dentro de las regulaciones.
Los corredores públicos —profesionales en Derecho y valuación altamente capacitados, habilitados por la Secretaría de Economía tras aprobar rigurosos exámenes— podrían intervenir en actos jurídicos relacionados con la propiedad social, como lo establece el proyecto.
Las comunidades ejidales y agrarias, lejos de ser beneficiarias de un sistema de legalidad y seguridad jurídica pleno, han enfrentado limitaciones estructurales para acreditar y formalizar actos jurídicos, así como para constituir empresas sociales, en condiciones de equidad.
Asimismo, la iniciativa propone reconocer de manera expresa que los avalúos emitidos por corredores públicos son válidos en el régimen de propiedad social, reafirmando una facultad ya reconocida en la legislación federal, pero hasta ahora omitida en la Ley Agraria.
