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“Dependencia a maíz importado quedó fuera de reforma”

Desde NexusAgronegocios, señalan que el proyecto debe de ir acompañado de incentivos y garantías de seguridad para el campo, con la meta de lograr la soberanía alimentaria.

La dependencia en la importación de maíz, la cual es aproximadamente el 50% del grano que se consume en México con importaciones en 2024 del orden de casi 24 millones de toneladas, impide avanzar en la soberanía alimentaria en nuestro país, afirmó César Ocaña Romo, director de la consultora NexusAgronegocios. 

En entrevista, el especialista en análisis agroalimentario señaló que la Iniciativa de Decreto Constitucional en materia de “conservación y protección de los maíces nativos” tiene un objetivo valioso, pero no puede ser una estrategia aislada.

Según expectativas de producción de 2024, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con cifras preliminares, se estableció una producción total de 23 millones 586,000 toneladas de maíz (20 millones, 594,000 toneladas de grano blanco y 2 millones 922,000 de amarillo), mientras que las compras al extranjero fueron de entre 23 millones 600,000 toneladas y 24 millones de toneladas.

Ocaña Romo resaltó que pese a que la iniciativa de Decreto constitucional busca preservar la diversidad genética y refuerza la narrativa de soberanía alimentaria, en la práctica no modifica el status quo: la siembra de maíz transgénico ya estaba prohibida, y las importaciones de maíz amarillo transgénico, indispensables para la producción pecuaria, permanecen intactas.

Lo anterior, dijo, evidencia una desconexión entre las políticas públicas y los desafíos estructurales del campo. La iniciativa, loable en términos de conservación, no aborda otros problemas como la dependencia de importaciones, que representa aproximadamente el 50% del maíz consumido en México, o la falta de acceso a tecnologías agrícolas que permitan a los productores ser competitivos frente a mercados internacionales.

“Sin medidas de apoyo económico, incentivos para la producción local ni estrategias de seguridad en regiones agrícolas, el simbolismo de la reforma se diluye en las necesidades prácticas de los agricultores” señaló el experto.

“En Sinaloa, uno de los mayores productores de maíz, la violencia e inseguridad son problemas recurrentes que afectan directamente a los agricultores. Sin garantías de seguridad, los altos costos de producción y la falta de acceso a biotecnología mantienen en desventaja a los pequeños y grandes productores. No tiene sentido proteger el maíz nativo si los agricultores están desprotegidos frente a la violencia y la pobreza”, expresó Ocaña Romo.

Gráfico EE

Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

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