El gobierno y el sector privado de México aseveraron que se oponen a que funcionarios de Estados Unidos realicen visitas a fábricas mexicanas para inspeccionar el cumplimiento de las normas laborales en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No hay nada que México tenga que hacer” respecto al texto del T-MEC, afirmó Graciela Márquez, secretaria de Economía.

“El asunto de inspectores estadounidenses en fábricas mexicanas es totalmente inaceptable. Es una línea roja”, secundó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

También en concordancia, Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), dijo que la oposición a esa propuesta está básicamente centrada en impedir una medida extraterritorial.

A principios de octubre, Andy Levin, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, propuso que se implemente la reforma laboral de México en al menos 500 fábricas antes de la ratificación del T-MEC.

De acuerdo con fuentes consultadas, la propuesta de Levin no está considerándose seriamente por la Representación Comercial de la Casa Blanca ni por el grupo de trabajo sobre el T-MEC que nombró la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero refleja la posición de una corriente de presión en Estados Unidos.

“Los temores que puede tener Estados Unidos son sobre si México en realidad es serio en la parte de la democracia sindical, si es serio en la desaparición de los sindicatos blancos, si es serio acerca de que llegaban las empresas y tenían un sindicato antes de tener trabajadores. Eso, el actual gobierno, la actual ley laboral, independientemente del T-MEC, es una bandera que por años persiguió el presidente Andrés Manuel López Obrador”, comentó Márquez.

El T-MEC incluye un anexo relativo a la implementación de la reforma laboral de México en relación con la negociación de contratos colectivos de trabajo. En particular, un anexo obliga al gobierno mexicano a incluir disposiciones en su legislación interna que aseguren que, previo al registro inicial de un contrato colectivo de trabajo o durante la revisión del mismo, mediante el voto individual y secreto de los trabajadores, el contrato cuente con el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

“Por eso es que nosotros estamos confiados de que tanto los demócratas como los republicanos sientan el compromiso de México con la ley laboral”, dijo Márquez.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por su sigla en inglés) prevé que las disposiciones laborales del 
T-MEC promoverán salarios más altos y mejores condiciones laborales en los mercados de los tres países de América del Norte, si éstas se aplican.

El análisis cuantitativo de la USITC de los compromisos de negociación colectiva en México estima que estas disposiciones aumentarían los salarios de los sindicatos mexicanos en 17.2%, suponiendo que se cumplan.

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