La cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, dará lugar a una batalla legal para demostrar el valor justo por el que el gobierno federal deberá indemnizar el proyecto, afirman especialistas.

Luis Enrique Graham, socio del despacho Hogan Lovells, indicó que existen dos instancias legales para proteger la inversión de la cervecera estadounidense con operaciones en México, tanto a nivel nacional como internacional.

“Si los actos del Estado fueron violatorios de esos derechos de protección de inversión, si es que se llega a considerar por el tribunal internacional que hubo esa violación de derechos de protección de inversión, entonces viene el punto del dinero”, refirió en entrevista telefónica con El Economista.

Explicó que en caso de que se llegara a considerar que la conducta del Estado es violatoria, estaría obligado a resarcir los daños conforme “al valor justo de mercado”.

“Se toman en cuenta desde lo más obvio como los fierros, lo que está y que tendría un uso infructuoso —esos fierros ya no tendrían el uso que se había pensado que llegarían a tener—, hasta otro tipo de valuación”, afirmó Graham.

Hace una semana, el gobierno de México anunció la cancelación de lo que sería la tercera planta cervecera de Constellation Brands en el país. La firma encargada de distribuir los productos de Grupo Modelo en Estados Unidos había ejecutado inversiones por 900 millones de dólares de un total de 1,400 millones de dólares.

La Secretaría de Gobernación informó que la administración entraría en pláticas con la firma a fin de llegar a un acuerdo y hacer el pago por la suspensión del proyecto.

Se estima que el gobierno deberá hacer un pago cercano a 20,000 millones de pesos por la cantidad que ya había sido invertida por parte de Constellation Brands, según Mario di Costanzo, analista del sector financiero.

“La inversión total de la planta hasta febrero era cercana a 750 millones de dólares (monto anunciado para este año) y a eso se le deberían sumar dos penalizaciones, pues la obra se detuvo dos años por causas no imputables a la empresa”, expuso.

Detalló que, anualmente, la penalización asciende a un monto aproximado de 90 millones de dólares, por lo que el monto total, con un tipo de cambio estipulado en 21.50 pesos por dólar, sería de 19,950 millones de pesos, “y eso es solamente el piso mínimo”.

Tras la propuesta del gobierno de Tabasco de realizar la obra en dicha entidad, Di Costanzo aclaró que la administración pública seguiría en una situación de desventaja.

“Es muy complejo, o es inoperante. De igual manera tendrían que indemnizar, porque debe construir una planta y habría un quebranto. Aquí lo complicado es que la empresa, para poder competir, tiene que estar ubicada en México y necesita que sea de fácil exportación. Entonces difícilmente puede existir otro lugar como Mexicali”, puntualizó.

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