La poca flexibilidad legal con la que el constituyente dotó a la red compartida acota el margen de maniobra para realizar cualquier ajuste encaminado a empatar este proyecto con la realidad del mercado; de ahí que sólo 18 interesados, entre empresas, personas físicas y especialistas hayan comprado las bases de la licitación, pese a que aún quedan cuatro meses para que arranque en forma este concurso, que de hecho, lleva más de un año de retraso, coincidieron expertos consultados.

La red compartida es un proyecto medular del gobierno mexicano en conectividad que se fijó en la Constitución con la reforma del 2013, cuyo fin principal es llevar la cobertura de servicios de telecomunicaciones a los alrededor de 50 millones de mexicanos que aún no han podido acceder del todo a ofertas como telefonía móvil, Internet de banda ancha o servicios de telemedicina y educación a distancia.

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Este proyecto ya sufrió un primer ajuste a la dimensión de su alcance. En mayo de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, órgano rector de esta intención, ajustó la potencia de su cobertura de casi 20,000 a 12,000 radiobases y de 10,000 millones dólares a entre 7,000 y 7,500 millones la cifra de inversión y durante diez años para el consorcio que logre hacerse con este contrato.

Dependencias del gobierno, principalmente la SCT, han argumentado que la red compartida debe cubrir cuando menos el 92% del territorio nacional, al 98% de los mexicanos; bajar 50% los precios mayoristas, hacer realidad la intención de la reforma de que el 70% de los hogares del país cuenten con un servicio de Internet de banda ancha y también, que las tarifas disminuyan hasta en un 45% para después del año 2018, en comparación con el año 2015, y cuando se prevé que este proyecto comience sus operaciones.

Pero las promesas de esta red se quedan en meras buenas intenciones , ante factores externos como el encarecimiento del dólar que ha elevado los precios de los equipos de infraestructura comprados en pesos; también por factores internos, como el hecho de que las operadoras ya han ganado espectro o están por comprar más en distintas bandas, y cuando los operadores móviles virtuales o MVNOs, candidatos a explotar esta red, no rebasan todos juntos los 600,000 usuarios y la red compartida tiene el potencial de atender al menos a 19 millones de líneas móviles. Todos, motivos que restan atractivo al proyecto.

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Ante el escenario que enfrenta la red compartida y cuando sólo 5 de los ahora 18 interesados -uno de ellos filial del preponderante América Móvil- tienen conocimiento para operar redes de telecomunicación, bien cabe la pregunta de qué tan conveniente puede ser para el país que este proyecto quede desierto en su licitación y después se redefina para que cumpla de mejor manera con sus mandatos constitucionales, dijeron los especialistas entrevistados.

El detalle con que fue diseñada la reforma constitucional es su más grande obstáculo, toda vez que no tiene la flexibilidad para replantear su diseño ante los cambios en el mercado. Obviamente está comprometido un capital político en este proyecto y es difícil, pero no imposible, que ante ausencia de interesados se reformen las disposiciones de ley para aprovechar el espectro liberado y opten por otra forma en que pueda ser aprovechado en forma comercial , comentó Ramiro Tovar, experto en telecomunicaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Ahora, dijo el especialista del ITAM, existen riesgos de que el proyecto de la red compartida se adjudique, pero que se incumplan con plazos o que las condiciones en cuanto obligaciones de cobertura sean renegociados, y si después existen sanciones por cualquier incumplimiento, no creo que éstas sean creíbles cuando el sancionado sea el que salvó la implementación de este proyecto .

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Alejandro Mayagoitia, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (Ansitel), recordó que el proyecto de la red compartida nació del seno de la administración calderonista, que lo heredó al gobierno de Enrique Peña Nieto y que por un error de soberbia de los legisladores, creyeron estar capacitados para definir el rumbo de la industria sin conocer las complicaciones del mercado y el resultado es el poco interés por la red compartida o en cambio, la atención de otros actores que originalmente no estaban contemplados pero que ya observaron oportunidades, como Telesites del empresario Carlos Slim.

La SCT y el portal de compras gubernamentales Compranet informaron que la empresa Operadora de Sites Mexicanos (Opsimex), controladora de la marca Telesites, adquirió las bases de la licitación de la red compartida. El proyecto, en sus bases, abre la puerta para que una empresa como Telesites pueda participar, pero entonces el IFT deberá analizar y pronunciarse porque la participación de ésta afecta o no la competencia.

Sobre América Móvil pesa una serie de diez regulaciones asimétricas por ser un uno de los agentes económicos preponderantes y su subsidiaria Telesites, en materia de operación de radiobases de comunicación, también considerada por el regulador como parte del agente preponderante, por lo que el IFT debe definir si Telesites pasa el filtro para participar en la red compartida ya sea con capital o proveeduría de equipo, en este caso, con 12,385 torres.

Las preocupaciones de los expertos consultados se fincan en que el IFT debe esclarecer si una eventual participación de Telesites en el proyecto brinda o no conocimiento de estrategias que puedan ser aprovechadas por América Móvil a favor de Telcel; si podría o no tener influencia en los contratos o en el personal, etc.

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Grupo Telefónica, a través de su filial Pegaso, también compró las bases de licitación de la red compartida, que siguiendo los pasos de Telesites, pudo haber observado una oportunidad de negocio en la proveeduría de capacidad de radiobases y cuando se encuentra en la conformación de Telxius, la división con la que gestionará primero 15,000 torres en España y cables submarinos de fibra óptica entre Europa y América, y que piensa explotar en sus operaciones latinoamericanas.

La escisión de la infraestructura de radiobases, por un lado, vuelve eficientes los costos de las operadoras, y por el otro, abre nuevas oportunidades de negocio en la renta de capacidad a terceros, en este escenario, la red compartida.

Con estos ruidos de quién tiene interés o quién entra, lo mejor es que no avance este proyecto. Es una muy buena intención, pero mal instrumentado. Sería mejor que se resguarden esos Megahertz de una banda tan poderosa como es la de 700 MHz y se redefina el proyecto buscado consensos o se busquen otras maneras de licitarlo. No se le desea el fracaso a la red compartida, pero ahora una parte del mercado deja ver que no se ve tan factible , dijo Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit.

Este es un proyecto que no termina de gustarle a todos. Han habido sonados errores en su confección y su argumento de llevar la cobertura a las regiones marginadas no cuaja, cuando no se contemplaron algunas variables muy importantes -mercado-, por ello es que tiene una imagen negativa para algunos inversionistas. Pareciera que no hay un proyecto bien definido. Esperemos que este proyecto se desarrolle con éxito, porque muchos han fincado sus esperanzas, porque es un proyecto de telecomunicaciones con inversiones tan importantes como se han visto pocas en la región , señaló Gabriel Sosa Plata, experto para el sector en la Universidad Autónoma Metropolitana.

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Está en las autoridades rectoras del proyecto definir qué tanto pueden participar firmas como Telefónica o AMX vía Telesites, que ofrecen servicios móviles y operan torres de comunicación móvil, pese que a Movistar vendió casi 1,800 de las suyas a American Tower por 300 millones de dólares, sin que se afecte el sano desempeño de la red compartida y las empresas puedan hacer negocio, porque ahora la reforma dicta que se debe cumplir con las Constitución.

Una disposición constitucional no puede ignorarse simplemente; el Estado tiene la obligación de cumplir con destinar este proyecto a una red mayorista que aprovechará el dividendo digital en tanto no se modifique la constitución , insistió Jesús Romo, director de Telconomia, la red compartida es una alternativa. Como toda propuesta de política pública, es una hipótesis de mejora. El reto es que sea viable en términos económicos en un mercado que se ha estado reconfigurando luego de la reforma .

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Las empresas, personas físicas y otros organismos interesados en la red:

Alestra, Axtel, Carlos Mora Villalpando, Centro de Productividad Avanzada, Comunicaciones Veta Grande, Grupo W Com, Mancera SC, Marcatel, Matc Digital, Mijares Angoitia Cortés Fuentes, Motorola Solutions de México, Naomi Marianne Sánchez Abou, NT Link Comunicaciones, Productos, Soluciones y Servicios, Pegaso, Rivada Networks y Santiago Sepúlveda Yturbe.

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