Todo indica que, esta misma semana, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) habrá de firmar el contrato de asociación público privada con el consorcio Altán para la construcción y operación de la red compartida mayorista.

En teoría, la red compartida fue ideada para llevar el servicio de banda ancha a regiones del país que hoy carecen de conectividad, y para ello se le otorgaría al ganador de la licitación el uso de la banda de 700 MHz con un descuento de más de 90% sobre los derechos que pagan los operadores privados. En el papel suena bien, pero en el camino las promesas quedaron en el aire y la red compartida simplemente se dedicará a duplicar la infraestructura que ya tienen los actuales operadores, sin verdaderamente atender aquellas zonas que no resultan rentables.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) jugó con las palabras y en lugar de establecer una cobertura geográfica mínima decidió hablar de cobertura poblacional. De acuerdo con su oferta, Altán debe dar cobertura a 92% de la población en siete años, monto muy similar al que ya cubre Telcel y cercano a la cobertura de Telefónica y AT&T, lo cual deja sin cobertura a por lo menos 10 millones de los mexicanos más pobres y marginados.

Lo que pretendía ser un programa de cobertura social se convirtió en un proyecto comercial, subsidiado por el erario público. Como no hay quien le corra a los subsidios cuando se pueden generar ganancias privadas, el proyecto red compartida ha enfrentado a la SCT, Altán y Rivada Networks, dando lugar a acusaciones de corrupción. Rivada Networks, la empresa que fue descalificada de la licitación por un formalismo inaplicable en el caso de las asociaciones público privadas, presentó en tribunales estadounidenses el testimonio de un ejecutivo de Deloitte, quien afirmó que Mario Góngora, un funcionario de la SCT, le habría pedido documentación que permitiera favorecer a Altán.

Uno de los usos y costumbres de nuestra clase política para favorecer a los cuates es filtrar información relevante sobre las licitaciones, para que puedan tener ventaja en la elaboración de sus propuestas. Si bien el caso Rivada podría tratarse simplemente de un mal perdedor que descalifica al árbitro, el asunto de la red compartida contiene elementos que dan lugar a cuestionamientos serios.

Los principales accionistas de Altán son Morgan Stanley, como administrador de un fondo de capital del cual desconocemos los integrantes o los intereses que representan, y otro fondo denominado México-China. Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tenía la obligación de llegar hasta el nivel de personas físicas para saber quién está detrás de este tipo de fondos, la información ha sido mantenida en sigilo y, al día de hoy, no sabemos quiénes están realmente detrás de estas estructuras.

Por su parte, todo parece indicar que el gobierno chino está detrás del Fondo México-China, lo cual violaría la Ley de Vías Generales de Comunicación y las bases de licitación, que prohíben expresamente la participación indirecta de gobiernos extranjeros. La SCT y el IFT dicen que cuentan con una autorización de inversión neutra, pero la ley y las bases de la licitación son claras y ningún gobierno extranjero puede ser accionista de Altán, así sea con simulaciones bendecidas por el gobierno.

También, en Altán hay participación de afores y de la banca de desarrollo mexicana, aunque todavía no queda clara la participación de éstas, y surge la pregunta de por qué el aparente apoyo financiero del gobierno mexicano a Altán no se hizo publico y disponible a cualquiera que quisiera participar en el concurso.

Por si fuera poco, uno de los accionistas del grupo Rivada es un asesor cercano al presidente Trump, quién seguramente ya sabe que empresas chinas pretenden construir en su frontera una red que utilizará las mismas frecuencias que Estados Unidos utiliza para sus sistemas de seguridad nacional. No es descabellado, por tanto, que este cuestionado proyecto lo sea también por la nueva administración Trump, justo en el momento en que se iniciarán negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.