El senador panista Juan Bueno Torio propuso ayer reformar la Ley Federal de Competencia Económica para que en los actos de concentraciones, y que potencialmente podrían constituir una práctica monopólica, se quite la carga de la prueba de una conducta anticompetitiva al demandante, para que sea la Comisión Federal de Competencia (CFC) la encargada de solicitar la información requerida a los agentes económicos involucrados.

El legislador explicó en tribuna, al presentar la iniciativa, que en la actualidad, en México existen casos de empresas y agentes económicos que están incurriendo en un sinfín de prácticas anticompetitivas que no pueden ser sancionadas por no cumplir con los estrictos requisitos que demanda la ley, y que en pocos años podrían concentrar el poder de mercado necesario para ser considerados como un monopolio.

"Resulta extremadamente complicado que un agente económico conozca con precisión la información del infractor, por lo que el objetivo de la reforma se traduce primordialmente en facilitar el procedimiento de notificación de conductas anticompetitivas", explicó.

En la sesión ordinaria, el legislador por Veracruz señaló que la competencia económica es fundamental para las economías del mundo, ya que está demostrado que existe una relación directa entre competencia y desarrollo económico.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación antes de 30 días como marca el Reglamento Interno del Senado.

En tanto, el senador Juan Bueno Torio presentó también ayer un punto de acuerdo para solicitar que el Senado pida al presidente Felipe Calderón que instruya a la Secretaria de Relaciones Exteriores a emprender de manera inmediata las acciones judiciales necesarias en contra de British Petroleum y otras partes responsables por el derrame de Hidrocarburos "Deepwater Horizon" ocurrido en abril de 2010 en el Golfo de México, lo cual permitirá recuperar los fondos que serán esenciales para la restauración de los recursos naturales del Golfo de México.

En tribuna, Bueno Torio dijo que los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo demandaron el pago de 1,000 millones de dólares americanos, 2,000 millones de dólares y 900 millones de dólares americanos, respectivamente.

"Las cantidades, en sus respectivas instancias, se basan en los daños y perjuicios que ha sufrido y afectarán a los Estados mencionados durante los próximos años, principalmente las afectaciones al Turismo y Pesca", explicó.

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