Es algo positivo que el Poder Legislativo, específicamente el Senado, busque actualizar la Ley de Propiedad Industrial conformada desde hace más de 25 años; se creó a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se requiere adecuarlo a las nuevas condiciones acordadas con el ahora llamado T-MEC.

Es cierto que una adecuada ley en esta materia, que eficiente las facultades y funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se convierte en una estratégica herramienta de desarrollo económico; México puede así aprovechar mejor los beneficios de los mercados nacionales e internacionales, creando un sistema de protección a la innovación y el ingenio humano.

Como dice la propuesta de reforma que discuten los senadores —y que en Comisiones Unidas hoy podría discutirse y aprobarse—, es un instrumento que sirve para que las actividades industriales y comerciales del país tengan procesos más eficientes e innovadores, fomentando la actividad inventiva que se basa en el mejoramiento e implementación de técnicas y métodos de producción, de tal manera que se fortalece el lanzamiento de mejores bienes y servicios.

Todo eso es totalmente cierto. Y esa actualización es un compromiso con nuestros socios de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, al momento de renovarse el acuerdo trilateral.

El problema es que en lo relativo a la protección de la innovación en terapias farmacológicas (medicamentos) dicha propuesta de reforma está resultando más papista que el papa y en vez de favorecernos puede ser perjudicial para los mexicanos, en particular en ciertos puntos que nos afectarían porque alargarían por más tiempo del debido el elevado costo de terapias innovadoras que vienen del exterior.

Los demócratas ya nos habían salvado

Son varios enfoques de patentabilidad que se han querido reforzar. Pero hablemos específicamente de las patentes de segundo uso, algo que en el T-MEC las grandes multinacionales farmacéuticas hicieron grandes esfuerzos por incluir. Al final no lo lograron porque el Partido Demócrata en Estados Unidos hizo contrapeso y no lo permitió. Los negociadores de Canadá tampoco aceptaron las patentes de segundo uso. Ambos protegían a su población para no elevar demasiado los costos por las opciones terapéuticas de última generación. Los negociadores de México no le dieron la mínima importancia al asunto, y ni la industria farmacéutica nacional, básicamente productora de genéricos, que evidentemente resulta afectada tampoco hizo gran ruido ni se inconformó.

Tanto los demócratas como los legisladores canadienses hicieron ver el año pasado el gran riesgo de sobreproteger a las farmacéuticas de innovación permitiéndoles mayor posibilidad de extender los periodos de protección que da la patente en compensación por invertir en innovación.

Las patentes de segundo uso permiten que una molécula ya aprovechada para un enfoque terapéutico pueda ser reutilizada por segunda ocasión y se le dé a la farmacéutica propietaria de la patente otros 20 años de protección para poder mantener el precio elevado dicha terapia.

Es como si a la antigua hidroxicloroquina —usada desde hace muchos años para lupus y artritis reumatoide— se le concediera una nueva patente por responder ahora contra el coronavirus. El genérico hoy se puede adquirir en 300 pesos pero si se vuelve a patentar se podría triplicar de nuevo.

Imagínese que el corticoide dexametasona que se puede adquirir hoy en 30 ó 50 pesos, igualmente alguna farmacéutica obtuviera patente por demostrar su efectividad contra el coronavirus SARS-Cov2 como sí está sucediendo, eleve su precio y se vuelva inaccesible.

Ahora México busca autoflagelarse sin necesidad

Si las patentes de segundo uso derivan en riesgo para los canadienses y los estadounidenses, con mucha mayor razón para los mexicanos que tenemos muchos menos recursos. Y lo estamos viviendo plenamente con la epidemia de Covid-19 donde no estamos en capacidad de acceder a las alternativas terapéuticas innovadoras utilizadas para enfrentar al virus epidémico.

Participar de un tratado comercial como el que tenemos con Norteamérica nos trae grandes beneficios pero también nos implica asumir costos elevados como el no poder acceder a beneficios de negociación de precios de medicamentos que sí tienen otros países.

Pero, señores senadores, no nos pongamos más obstáculos de los necesarios. El T-MEC no pide las patentes de segundo uso y no hay razón para que México se las autoimponga en su nueva Ley de Propiedad Industrial.

Sería irresponsable porque va en contra de millones de mexicanos que no pueden pagar medicamentos innovadores viviendo en un sistema de salud que tampoco tiene los recursos para cubrirlos al 100 por ciento.

Sería hacernos el harakiri sin necesidad.