Con trámite fast track acordado con los diputados, los senadores aprobaron ayer en comisiones los cambios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Lo que aprobó ayer la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, que preside Eloy Cantú, es que se mantiene el juicio ordinario administrativo que, de acuerdo con expertos, alargaría los procesos de sentencia contra las prácticas de concentración.

Las diversas reformas a la LFCE, al Código Penal Federal y al Código Fiscal de la Federación serán aprobadas hoy en el pleno del Senado, con el propósito de turnarlas al Ejecutivo federal.

Se dan mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia (CFC) para que decida asuntos como la autorización de medidas cautelares y de visitas de verificación; la presentación de denuncias penales; la publicación de lineamientos y de evaluaciones cuantitativas y cualitativas de los beneficios que la actuación de la Comisión haya generado al consumidor, entre otros.

El periodo del actual presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, estará a salvo, ya que las reformas contemplan que una vez que concluya su encargo, el nuevo titular permanezca cuatro años.

Las prácticas de concentración serán violatorias de la ley cuando quien las realice tenga poder sustancial sobre el mercado relevante, para lo cual se considerará los precios que se fijan, las restricciones que se establecen y la capacidad de respuesta de sus competidores.

La CFC podrá ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica, así como fijar caución para evitar o levantar dicha suspensión y el agente económico podrá dar marcha atrás, aun cuando ya se le haya detectado la práctica monopólica.

SE APRUEBAN VISITAS

El organismo podrá hacer visitas a las empresas y confirmará por escrito las observaciones que tuvo de la compañía.

Se mantienen las multas y las sanciones con prisión de tres a 10 años y con 1,000 a 3,000 días de multa a quienes celebren, ordenen o ejecuten contratos, convenios o arreglos entre competidores, cuyo objeto sea concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados.

Dentro del artículo 35 de la LFCE­ se incluyen nuevas sanciones como las penas de tres a 10 años de prisión para quienes practiquen actos de concentración en el mercado, multa de 10% de sus ingresos cuando sea una acción absoluta y de 8% cuando se trate de relativa, las cuales se podrán librar en caso de detener las prácticas ilícitas.

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