El 2019 ha sido para la industria farmacéutica un año desafiante, pero al final el sector ha podido demostrar una total capacidad de adaptación y también que pueden abastecer a 100% los requerimientos de terapias del país, pero piden al gobierno reglas claras y transparentes, terreno parejo frente a las extranjeras que no operan en el país y así también que se honren las deudas de miles de millones de pesos que se siguen arrastrando.

Así lo hizo ver Rodrigo Puga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) en entrevista con El Economista, al expresar que para el 2020 el sector tiene total disposición de seguir acompañando al gobierno en sus procesos de compra de medicamentos e insumos de salud.

“Seguiremos trabajando de manera resiliente para que se respete el lugar estratégico que ocupa esta industria y para acompañar al gobierno en esta transformación, haciéndole ver las complejidades, lo que puede traer más problemas que soluciones, pero siempre bajo un espíritu de colaborar”, señaló.

Destacó tres puntos positivos de la actual administración: una voluntad genuina de poner la salud en primer lugar, un reconocimiento de que se requiere mayor inversión para reducir la enorme brecha en salud, y la conformación del Compendio Nacional de Medicamentos como medida concreta para romper con un esquema que dividía a los mexicanos en función de la cobertura de su salud porque ahora —ya sin cuadros básicos— se entiende que independientemente de la institución donde se atiendan podrán acceder a las terapias que necesiten.

“Aún no está clara la ejecución y cómo se va a aterrizar en las instituciones, y si los 40,000 millones de pesos mencionados son o no adicionales (al presupuesto aprobado), pero hay un genuino interés de dedicarle más a la salud”, dijo el también director general de Pfizer.

Haciendo un recuento del año, dijo que el gobierno entró con la percepción de que se requería un cambio radical en el sistema y hubo limitado nivel de interlocución con proveedores; a la industria de medicamentos le cambiaron por completo las reglas del juego; lo que obviamente generó tensiones.

Justicia en compras, sin registro

Sobre los desafíos pendientes, el máximo representante del gremio productor de medicamentos mencionó la compra abierta indiscriminada al exterior buscando precio, pero descuidando la calidad. “No nos parece justo ni razonable que por lograr un mejor precio se acelere el otorgamiento del registro sanitario a esas compañías porque, ¿qué pasa con las empresas que sí operan aquí y que hicieron grandes inversiones esforzándose por muchos meses para cumplir todo el proceso de Cofepris?”.

Por último, pidió terreno parejo en las compras consolidadas. Comentó: es legítimo y válido que el gobierno como comprador consolide lo más posible subiendo en la megacompra a todas sus instituciones, pero en ese sentido igualmente debería haber un solo contrato. Y es que el hecho de que se tenga que firmar un contrato con cada institución hace muy complicado el proceso.

Sobre lo que el gobierno le debe a las farmacéuticas, estimado entre 6,000 y 7,000 millones de pesos, Puga aseveró: “Entendemos que son de otra administración, pero nuestros asociados necesitan que se honren esas deudas” puntualizó.

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