México se ha limitado a sí mismo ciertos volúmenes de exportaciones de acero a Estados Unidos, lo que ha generado enojo a empresarios y gestiones de la industria con el gobierno.

En un primer caso del que tiene constancia El Economista, la Secretaría de Economía autorizó a una empresa menos de la mitad de las exportaciones que solicitó a través de un permiso automático previo.

A otra empresa, de cuya respuesta también se tiene evidencia, la Secretaría de Economía le impidió exportar acero a Estados Unidos con el argumento de que las ventas externas de la misma en los últimos años “no permiten acreditar” la consistencia de la información en los diferentes elementos de análisis proporcionados por la propia compañía respecto de los bienes producidos y su relación con los bienes exportados.

Ambos ejemplos son una muestra de más casos bajo la misma situación por los cuales directivos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) sostuvieron una reunión reciente con funcionarios de la Secretaría de Economía para abordar esta problemática.

El punto es que, desde la perspectiva de la industria, tácitamente el gobierno está pasando de un libre mercado a un comercio administrado.

A finales de agosto, Estados Unidos excluyó a México de aplicar aranceles a importaciones de acero luego de que ambos países establecieran un mecanismo de monitoreo para evitar adquisiciones trianguladas de terceros países.

En contraste, la USTR informó que redujo el cupo para importaciones de productos de acero semiacabados desde Brasil de 350,000 a 60,000 toneladas para 2020.

Previamente, el 11 de agosto, la USTR emitió el anunció de reimponer aranceles de 10% a las importaciones de aluminio en bruto sin alear de Estados Unidos desde Canadá, a lo que el gobierno canadiense replicó que impondría represalias contra productos estadounidenses por unos 2,700 millones de dólares.

El 15 de septiembre, la USTR anunció que suspenderá el arancel adicional de 10% sobre las importaciones de aluminio canadiense en bruto sin alear retroactivamente al 1 de septiembre de 2020, tras llegar a un acuerdo de que los montos de estas compras no superarían ciertos niveles.

roberto.morales@eleconomista.mx