Las operaciones de las empresas tendrían efectos negativos que impactarán directamente a los trabajadores si se aplica de manera inmediata la reforma en materia de subcontratación que propone el Ejecutivo Federal, pues implicaría la cancelación de contratos, demandas, despidos masivos, expusieron especialistas en el segundo día del parlamento abierto organizado en la Cámara de Diputados.

Según los artículos transitorios de la propuesta de reforma, la entrada en vigor podría ser en enero del 2021; sin embargo, Óscar Mata, director Comité Fiscal de Index afirmó que “es imposible modificar las reglas del juego cuando el partido está por terminar”.

En ese mismo sentido se pronunció Reginaldo Esquer, presidente de Comisión Fiscal de Coparmex, quien aseguró que la iniciativa se presenta cuando termina el año y se aprueba el Presupuesto 2021. “No hay recursos para que funcione la ley”, además de que se estigmatiza el servicio de subcontratación de outsourcing; pero el SAT tiene todas las herramientas para combatir este fenómeno, sin llegar a una prohibición o penalización”.

En su turno, Leonor Quiroz Carrillo, representante de la Comisión Legislativa del Comce detalló que el hecho de que no exista una definición legal adecuada a la subcontratación prohibida y permitida, “nos deja en la indefensión”.

Por lo que sugirió que la defraudación fiscal solo sea para empresas evasoras. “Es inconstitucional no permitir la deducibilidad, que las empresas que realizan actividades ilícitas no podrán, pero las que sí acreditan se les permita. Sugerimos que la iniciativa no entre en vigor el primero de enero”.

Ricardo Cervantes, del CCE, dijo que es peligroso que una autoridad administrativa sea quien defina lo que es o no deducible.

pilar.martinez@eleconomista.mx