La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) considera que se vive el momento idóneo para que el sector empresarial incremente su participación en la construcción de infraestructura durante los siguientes seis años con una visión transexenal y la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) como punta de lanza.

Con base en las estimaciones del documento Los retos de la Infraestructura en México 2013-2018 , al cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, el sector privado podrá haber destinado 13.4 billones (millones de millones) de pesos nominales, el doble de lo que se ha invertido para los últimos seis años.

Hasta ahora, todo se ha proyectado con una visión de corto plazo, que se ha limitado a tratar de solucionar las coyunturas; de ahí, la importancia de emprender proyectos de gran visión y largo alcance en infraestructura para el país, así como reformas estructurales que sean capaces de detonar las políticas industrial, fiscal y social , se consigna.

Además, la próxima aprobación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciones con las Mismas (con base en la propuesta que han trabajado desde febrero pasado) ayudará a lograr inversiones privadas rentables en favor de la productividad y el empleo, y en consecuencia canalizar el presupuesto federal para cuestiones sociales.

El sector de hidrocarburos es el que demandará mayores recursos. En segundo lugar, se ubica la infraestructura ferroviaria, que se ha quedado estancada, y hay que atender temas de aeropuertos, puertos y telecomunicaciones.

El presidente de la Cámara, Luis Zárate, ha insistido en diversos foros sobre la pertinencia de elaborar un Programa Nacional de Infraestructura que contemple la generación de un banco de proyectos con un alcance de mediano y largo plazo, en el que se contemple la creación de un fondo que asigne 5% del valor de los mismos, con el fin de garantizar su viabilidad.

Otros puntos a considerar son: priorizar obras de alta rentabilidad que generen beneficios sociales y formalizar un mapa nacional de riesgos del sector, además de políticas públicas en materia de prevención y reconstrucción de infraestructura y servicios afectados por desastres naturales.

En las empresas afiliadas a la CMIC, también consideran que los trámites burocráticos que se deben enfrentar (entre ellos, los registros ante la Secretaría de Hacienda) representan un inhibidor.

Sobre la liberación de derechos de vía, existe un exceso de tiempo para la formulación de los avalúos de los terrenos, las negociaciones con los propietarios o la autorización de la venta, lo que provoca que se retrasen las convocatorias de licitaciones.

En cuestión de financiamiento, aunque se han implementado estrategias para facilitarlo (como unir grupos de empresas para participar en obras de gran tamaño), falta camino por recorrer pero prevalece el buen ánimo de que el nuevo gobierno atienda dicha inquietud.

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