El cambio de rumbo de la política energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador distribuyó entre los organismos del sector para solicitar su apoyo incluso si es necesario modificar la Constitución de nueva cuenta para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) profundiza la incertidumbre de los inversionistas sin que exista posibilidad de materializar muchos de sus puntos, tanto por el contenido como por la forma en que se ha manejado hasta ahora.

Así lo explicaron analistas y participantes de organismos públicos con acceso al memorando que se distribuyó desde el pasado martes –y cuyo contenido no ha desmentido ninguna instancia de gobierno–, pero que de hecho retoma prácticamente como versión estenográfica la exposición que realizó el presidente de la República a funcionarios del nivel de director general en adelante en la reunión a la que fueron convocados el 22 de julio en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional.

Marcial Díaz, de Lexoil Consultores, explicó a El Economista que según sus análisis de procesos legislativos, la modificación constitucional de lo aprobado en 2014, que son varios párrafos de los Artículos 25, 27 y 28, en lo que se refiere a energía, facultad para explotarla y dominio de los recursos naturales junto con las respectivas leyes secundarias que fueron 21 con sus respectivos reglamentos, tardaría por lo menos dos años en llevarse a cabo, mientras que el equipo cercano al presidente ha revelado que la iniciativa podría ser presentada hasta el 2022.

“Además, aunque tenga mayoría entre los diputados, e independientemente de los resultados de las próximas elecciones para representantes de la Cámara Baja, Morena no tiene mayoría en el Senado, lo que dificultaría todavía más las negociaciones en que necesitará aliados, por lo que en este sexenio no alcanzará para pasar una reforma de ese calado”, señaló Díaz.

Por otro lado, lo que sí se podrá continuar son las prácticas de obstrucción en el otorgamiento de permisos de operación en actividades como distribución de combustibles y generación eléctrica.

“Esto sólo genera incertidumbre”, expresó el analista de Lexoil Consultores.

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