La agenda 2030 para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, ha sido un detonante en México y el mundo para que cada vez se implementen más empresas con propósito, mismas que pertenecen al cuarto sector cuyo interés va más allá del mero beneficio económico y se enmarcan dentro de distintas corrientes como el emprendimiento social, la economía circular, la banca responsable o el comercio justo.

De acuerdo con el estudio "Empresas con Propósito y el Auge del Cuarto Sector en Iberoamérica", realizado por SEGIB e IE University, en esta región existen alrededor de 170,000 empresas con propósito, las cuales emplean a casi 10 millones de personas y generan aproximadamente 6 % del PIB iberoamericano.

Los 17 ODS engloban 169 objetivos orientados a proteger el planeta y garantizar la prosperidad y el bienestar de todos sus habitantes. Aunque los gobiernos y ONG de 194 países se han comprometido a trabajar en el cumplimiento de esta agenda, varios estudios revelan que el esfuerzo de estos actores no será suficiente. A pesar de que se están produciendo avances significativos en algunos frentes, los datos demuestran que en la mayoría de las áreas no se aprecia mejoría alguna y que, en aquellas en las que sí la hay, los avances no se están dando a la velocidad y escala necesarias.

Este fracaso radica en varias carencias. Faltan políticas públicas que afronten el reto social y medioambiental de manera integral y ambiciosa, así como un compromiso más profundo por parte de la ciudadanía. Falta también innovación tecnológica que permita realizar tareas como extraer el CO2 de la atmósfera y, por supuesto, falta inversión. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que serán necesarios más de 2.5 billones de dólares de financiación de aquí al 2030 si se quieren cumplir los 17 ODS.

La necesidad de un marco común

Las empresas con propósito tienen formas jurídicas y modelos de negocio muy diversos. Por esta razón, en los últimos años, varios gobiernos han impulsado la creación de categorías nuevas, como las de empresas sociales, low-profit limited liability company (L3C) o empresas de interés y beneficio público (BIC). Estas categorías sirven para visibilizar el movimiento y, asimismo, amparan a aquellas empresas que antes carecían de un estatus jurídico coherente con su actividad y principios dentro del marco regulador tradicional.

Aunque son muchos los factores que explican el bajo nivel de crecimiento, podrían resumirse en uno: la falta de un ecosistema. Una vez incubadas y constituidas, las empresas con propósito se ven abocadas a competir en un sector privado que no ha sido diseñado para ellas, sino para las grandes empresas con ánimo de lucro tradicionales que priorizan el beneficio de sus accionistas frente al beneficio de la sociedad.

En Iberoamérica, se han dado pasos importantes para crear este nuevo ecosistema. En los últimos años, 11 países de la región han adoptado o puesto en trámite nuevas leyes y marcos legales destinados a tipificar y apoyar a aquellas entidades que combinan la actividad comercial con el impacto medioambiental y social, generalmente conceptualizadas como empresas sociales o empresas de BIC.

En esta misma dirección, en noviembre del 2018, los presidentes y jefes de Estado de los 22 países iberoamericanos reconocieron la importancia que el cuarto sector puede tener en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, y ratificaron su compromiso en “apoyar el desarrollo de empresas que buscan generar un impacto positivo para la sociedad y el logro del desarrollo sostenible”.

En cuanto a México, el país ha adoptado leyes y políticas para promover el desarrollo del cuarto sector, y cuenta con un marco constitucional y una legislación específica como la Ley de Economía Social y Solidaria. Esta ley fue creada el 23 de noviembre del 2011 con los siguientes objetivos: 1) presentar el ámbito de aplicación de la ley, 2) definir el tipo de organización que pertenece al sector, 3) exponer los principios y valores que distinguen el sector social y solidario de otros sectores, y 4) presentar medidas específicas de implementación.

Los retos principales en el país son la elaboración de políticas, el reconocimiento y la visibilidad del sector. Actualmente, no hay datos oficiales ni instrumentos disponibles para la medición del potencial de transformación que tiene el sector. Aunque, como se ha mencionado, en México existe un marco constitucional y una legislación específica para el sector, es importante señalar que la aplicación de dicha legislación aún no ha tenido un impacto significativo.