A unas horas de que se vote la nueva Ley de Amparo en San Lázaro, el pleno del sector empresarial sentenció que un amparo sin suspensión judicial, como se plantea, representa un acto de autoridad arbitrario que abre la puerta para la quiebra de una empresa o de un individuo antes de que el Poder Judicial determine la sentencia; además de que violenta la igualdad ante la ley al excluir a los sectores financieros y concesiones a este derecho marcado por la Constitución.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, advirtió que, de eliminar la suspensión provisional, se atentará contra sectores productivos que contribuyen con una quinta parte de la actividad económica, entre ellos el minero, el financiero y el de las telecomunicaciones y aerotransporte.

En conferencia de prensa, Gutiérrez Candiani informó que se presentó a los diputados una redacción alterna al artículo 129 de la Ley de Amparo fracción XI y XIII, relacionada con entidades financieras, referente a concesiones de bienes de dominio de la nación, respectivamente, en la cual se plantea no suprimir la suspensión, sino reforzar el proceso judicial para atacar los abusos de amparo.

Se puede reconocer que en algunos temas ha habido abusos, pero esos abusos no pueden corregirse suprimiendo los derechos que ya se tienen, y con ello socavar las garantías individuales , expresó.

Lo que nos preocupa, dijo, es quedarnos sin esta suspensión del amparo, pues al final tiene implicaciones porque pensamos que es anticonstitucional.

La suspensión es un acto protegido por la Constitución, por los tratados internacionales; no puede ser un derecho que se otorgue a unos y se niegue a otros; lo que preocupa es la división de poderes , indicó el dirigente del CCE, acompañado de los presidentes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, Claudio X. González Laporte y Vicente Yáñez, respectivamente, además de directivos de la Concanaco, la Concamin, la ABM y la AMIB.

De aprobarse el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se estaría mandando un mensaje que afectaría la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas en México. Además, se atentaría contra la división de poderes, ya que eliminaría, en algunos casos, la facultad del Poder Judicial de revisar los actos del Ejecutivo.

Otro de los aspectos que inquietan a la Iniciativa Privada es la redacción propuesta para el artículo 5, según el cual, para efectos de amparos, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la propia autoridad.

Lo que pedimos en este caso es que se especifique con mayor precisión este supuesto, pues de no ser así se podría abusar de este derecho en casos que no son objeto de amparo , pugnó el Presidente del CCE.

[email protected]