Colombia inició un proceso gradual para vender la participación que tiene en 105 empresas y obtener al menos 6 billones de pesos (1,861 millones de dólares) cada año que buscará invertir en activos más rentables, dijo un funcionario de alto rango del Ministerio de Hacienda.

Se trata de empresas de los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y financiero en las que el Estado tiene participaciones minoritarias, es decir que no superan 49% de la propiedad accionaria.

El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Arias, dijo a Reuters que la participación del Estado en las más 100 empresas públicas y privadas tiene un valor estimado en 25,000 millones de dólares y que el año pasado generaron una rentabilidad de alrededor de 4,000 millones de dólares, que calificó como "muy baja".

"La idea de esos recursos no es que financien gasto corriente de la Nación, sino que se sustituya por inversión que sea más rentable", aseguró Arias en una entrevista el martes en la tarde.

"Es una estrategia que busca brindar algunos recursos que son necesarios para mantener la inversión pública en niveles óptimos", explicó.

Aunque Colombia enfrenta dificultades de presupuesto para cubrir sus necesidades, el director de crédito público dijo que los recursos que se obtengan de las privatizaciones, que pueden alcanzar anualmente un 0.6% del Producto Interno Bruto, no se utilizarán para cubrir gastos, sino se invertirán en sectores más rentables como infraestructura y energías limpias.

El Ministerio de Hacienda publicó a comienzos de julio un proyecto de decreto para recibir comentarios sobre el plan de venta, mientras que envió al Congreso la lista de las empresas en las que tiene participación y que podrían ser privatizadas.

Camino despejado

La venta de empresas con baja rentabilidad ya fue aprobada por el Congreso como parte del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, que establece las principales metas económicas y sociales para los próximos cuatro años.

El gobierno tiene el control accionario de la petrolera Ecopetrol y del conglomerado de transporte de energía, telecomunicaciones e infraestructura ISA, que por ahora no figuran en los planes de venta, según el proyecto de decreto.

Sin embargo, la eventual venta de paquetes de acciones en empresas como Ecopetrol e ISA puede enfrentar resistencia en el Congreso, donde el gobierno no tiene una mayoría, debido a que muchos legisladores y el mercado consideran que son compañías que generan buena rentabilidad y son líderes en sus sectores.

Por otra parte, Arias dijo que está atento a las necesidades financieras del 2020 al recordar que el 2019 está cubierto luego que el país colocó en enero exitosamente un bono por 2,000 millones de dólares.

El gobierno debe presentar al Congreso su presupuesto de gastos para 2020 y los legisladores deben debatirlo y aprobarlo.

El presupuesto que aprobó el Congreso para 2019 fue de 258.9 billones de pesos (80,312 millones de dólares).

Recientemente el Ministerio de Hacienda fijó una meta de emisión de títulos de deuda interna para el próximo año por 30.1 billones de pesos y emisiones de bonos externos por 1,750 millones de dólares.

"Nuestra prioridad y desafío número uno será nuevamente contribuir al financiamiento de ese presupuesto en el 2020 y continuar mejorando nuestro perfil de deuda, mantener la confianza de los inversionistas locales y extranjeros en nuestro mercado", afirmó Arias.