Aunque prácticamente todas las empresas generadoras de energía en México preparan su defensa legal en juzgados, y las autoridades facultadas como la oposición del Senado y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) argumentarán ante la Corte inconstitucionalidad de la nueva Ley de la Industria Eléctrica que entró este miércoles en vigor, la Cámara Internacional de Comercio (ICC) México instó a las autoridades y empresas a que logren una negociación, que resultará mucho más barata y efectiva que los enfrentamientos en tribunales. En tanto, China podría desbancar a México como principal socio comercial de Estados Unidos, si la ley avanza hacia su reglamentación.   

De acuerdo con Claus Von Wobeser, presidente del organismo donde confluyen varios millones de empresas de todo el mundo que participan en el país, a lo largo de marzo y abril las empresas que llevan a cabo generación de energía comenzarán a interponer amparos en juzgados, y en los plazos de un mes las autoridades que consideraron violentadas sus atribuciones también realizarán sus defensas, sin que los organismos empresariales tengan intervenciones.  

Será hasta que el poder judicial se pronuncie acerca de estos mecanismos en que, si no hay resultados favorables para los quejosos, comenzarán los arbitrajes internacionales en cortes neutrales, lo cual podría demorar hasta cuatro años, con lo que la presente administración no pagaría las potenciales multas que podrían dictarse.  

Conforme al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por un lado, y la Unión Europea, los arbitrajes podrán presentarse de Estado a Estado, por violaciones estos acuerdos, pero además, los inversionistas de estos países pueden iniciar abritrajes de inversión para los cuales cada parte define una corte neutra y un tercero como Naciones Unidas participa como observador en el desahogo de pruebas.  

“Argentina, por ejemplo, terminó pagándole a Repsol 5,000 millones de dólares por la expropiación de activos de la española”, dijo el presidente de ICC, “si hubiera un acuerdo con las empresas afectadas se podría promover un cambio legislativo. Ya ha habido antecedentes positivos con el actual gobierno que ha negociado exitosamente controversias, tenemos el caso de los gasoductos, también con la empresa Braskem. No sé qué estarían dispuestas a ceder, incluso las propias empresas no creo que lo tengan claro hoy, pero confiamos en la máxima de que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y más en este caso, en que está de por medio el bienestar de millones de personas”. 

De cualquier forma, existen los recientes antecedentes de la Corte y juzgados frente a ordenamientos de la autoridad energética, por lo que ICC México reiteró que existen elementos para sostener que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional y anticonvencional.   

Es inconstitucional porque es contraria a los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 25, 27, 28 y 33 de la Constitución Federal. Es decir, porque viola la obligación estatal genérica de defensa de los derechos humanos; el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; el principio de irretroactividad de la ley; el principio de seguridad jurídica; el principio de sustentabilidad y competencia; la prohibición de monopolios; y el respeto a los tratados internacionales.   

Además, resulta anticonvencional porque es contraria a los principios de protección a la inversión extranjera, competencia, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias contenidos en los capítulos 14, 21, 24 y 28 del T-MEC; al principio antimonopolios del artículo 17 del Tratado de Asociación Transpacífico; al artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; al Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU; a los compromisos de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; y porque pone en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas en el Acuerdo de París.   

El organismo detalló que México es parte de una red de 35 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 15 capítulos de protección de inversiones distribuidos en diversos Tratados de Libre Comercio, como el T-MEC. La invitación al diálogo que lanzó en días pasados nuestra Secretaria de Economía a los inversionistas extranjeros será fundamental en este contexto, finalizaron.  

karol.garcia@eleconomista.mx