La Comisión Reguladora de Energía (CRE) discutirá este jueves un alza a las tarifas de transmisión eléctrica de centrales renovables y de ciclos combinados de alta eficiencia en proyectos legados de autoabasto, mismos que representan 12% de la generación nacional para empresas que de manera conjunta entre compradores y vendedores de energía representan por lo menos el 10% del PIB nacional.

De esta generación, dos terceras partes se compone de plantas de ciclo combinado de alta eficiencia. En el caso de las renovables, ya en operación que representan 67% de la capacidad eólica y 4.3% de la capacidad fotovoltaica nacional, lo que podría implicar nuevos amparos por parte de privados que verían afectados cerca de 9,000 millones de dólares en inversiones. 

Según el orden del día del órgano de gobierno del regulador, el jueves 28 de mayo a las 12:00 horas se llevará a cabo una sesión extraordinaria en la cual en materia de electricidad se analizará un proyecto de resolución por la que se expide los cargos por el servicio de transmisión de energía eléctrica a precios de 2018 que aplicará la filial CFE Inermediación de Contratos Legados a los titulares de los contratos de interconexión legados con centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente. Estos contratos se realizaron bajo las resoluciones 066 y 194 del 2010.

En lo que respecta a ciclos combinados de alta eficiencia, se analizará también un proyecto de resolución por la que aprueba los procedimientos para determinar las variables económicas requeridas para el cálculo de los servicios de transmisión a tensiones mayores a 69 kilovoltios, que aplicará la misma filial a los generadores de autoabasto legados, conforme a las resoluciones 083/98, su modificación 254/99 y su aclaración 146/2001.

De acuerdo con Víctor Ramírez Cabrera, experto en energía renovable en el país y analista de la industria fotovoltaica desde sus arranques, lo que el regulador propondrá para su análisis y aprobación puede ser sólo un ajuste a las tarifas por los cambios en los costos o en una decisión más agresiva como plantear que las tarifas de porteo verde se ajusten a las tarifas que actualmente determina la CRE para su cobro al resto de la industria, lo cual derivaría en amparos por afectaciones a 37 proyectos eólicos con una capacidad de 4,000 megawatts instalados y 15 proyectos solares con una capacidad de 164 megawatts, que son los proyectos legados de autoabasto.  

“Esperemos que sea sólo un ajuste y no intenten igualar las tarifas de aquel entonces con las que se plantean hoy, porque eso sería una violación a derechos ya adquiridos cuya defensa las empresas no sólo pueden, sino deben ampararse”, dijo el experto.

Ramírez Cabrera detalló que en 2010, cuando se buscó arrancar con la generación renovable en el país dado el enorme potencial que probaron científicos de todo el mundo, fue necesario que las empresas participaran mediante el esquema contractual que resultó menos oneroso para el Estado: el de autoabasto en que los generadores conseguían a sus propios socios compradores de energía en otro punto de la red. Para hacer funcionar el esquema, fue necesaria la ejecución de temporadas abiertas en que las generadoras y sus socios pagaron una tarifa inicial como costo total del proyecto, o Capex, y así se determinó para estas firmas un costo operativo, Opex, inferior, denominado porteo verde.

“Así las empresas ya habían pagado lo que correspondería a la tarifa completa al reforzar las redes particularmente de Oaxaca y Tamaulipas. Este esquema se utilizó sólo en ese momento y ya no se replicó a ningún otro contrato posteriormente”, explicó Víctor Ramírez Cabrera para quien un ajuste tarifario tendría sentido dados los incrementos en los costos, más no una modificación al concepto de porteo verde.

Adrián Fernández, de Iniciativa Climática de México, consideró que para modificar tarifas se debe considerar el momento en que fueron impuestas, porque de cuantificar las externalidades que generan en la salud de las personas y los daños medio ambientales de la quema de fósiles, las renovables habrían sido competitivas hace 15 años, por lo que fue necesario apoyarlas por parte de los Estados en el mundo. Hoy ya no es necesario apoyar a la generación renovable porque ha bajado sus costos y por tanto la actual administración busca afectar de manera ilegal a todos los proyectos.

“Está bien que se revisen las cosas, desde luego que hay que respetar la legalidad y ver qué dice la ley respecto a estos contratos que se firmaron con una justificación temporal, fue una forma de echar una mano a estos proyectos iniciales y hoy ya nadie lo está pidiendo”, dijo.

¿Qué son el porteo y el autoabasto?

De acuerdo con especialistas, la posible subida de las tarifas de transmisión eléctrica  de autoabasto (porteo estampilla) implicaría la alteración unilateral de los contratos firmados en los últimos 10 años por generadores nacionales e internacionales.

  • El porteo estampilla es una tarifa fija de transmisión y distribución de energía prevista en los contratos de interconexión y transmisión firmados entre proyectos de autoabasto con fuentes renovables y generación eficiente con la CFE.
  • Estos contratos son previos a la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica de agosto del 2014. Según los mismos y, de acuerdo con la metodología de cálculo establecida por la CRE en el 2010, la tarifa sólo puede ajustarse anualmente por inflación.
  • Su costo fue determinado en el 2010 por la CRE con base en los costos del sistema en ese momento y garantizaba predictibilidad a largo plazo para el generador y el cliente.
  • Al momento de su creación fue el mecanismo con el que industriales y cadenas de comercio minorista podían acceder a alternativas competitivas de suministro a la CFE, antes de que existiera el Mercado Eléctrico Mayorista.
  • Hoy en día, en este régimen abastece un porcentaje muy importante de la demanda eléctrica nacional (textil, manufacturera, financiera, minera, acerera, de consumo, etcétera).

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