El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, demandó al Legislativo a que realice ajustes o agregados en las Leyes secundarias de la Ley de Extinción de Dominio y la de facturas para eliminar la discrecionalidad y caer en incertidumbre jurídica.

“La ley es buena y estamos de acuerdo con ella, pero no queremos que provoque temores a las personas que actúan con buena fe”, expresó el dirigente empresarial.

Acompañado de los organismos integrantes del CCE, entre ellos, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Carlos Rojas, expresó que de mantenerse la ley de extinción sin hacer la acotación a que terceros no salgan afectados, como es el caso de un banco que pudiera tener un financiamiento hipotecario, se podría ver afectada la banca comercial por perder las garantías de la residencia.

El CCE reiteró que apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal.

La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y hemos trabajado en conjunto con las autoridades para prevenirla y combatirla con herramientas más efectivas.

Sin embargo, en los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado, “la estrategia resulta excesiva para tales efectos y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal en el país”.

A decir del CCE, la iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación.

“Por supuesto, estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado”, expresó el sector empresarial.

Los diferentes grupos parlamentarios en el Senado han entendido la preocupación y esperamos que la elaboración de las leyes secundarias sean procesadas las demandas del sector empresarial, sin modificar la intención de atacar al crimen.

“Pedimos a los legisladores que escuchen nuestras inquietudes, no queremos que una ley buena, adecuada, provoque temores e incertidumbre en el actuar diario de los ciudadanos de buena fe”, expresó.

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