La Asociación Nacional de Abogados de Empresa solicitó a los legisladores de la Cámara de Diputados abrir espacio para la discusión sobre la propuesta de reforma laboral que presentó el Grupo Parlamentario de Morena y cuyo objetivo es modificar las relaciones laborales incluyendo la transparencia y democracia sindical.

En ese sentido, informó que hay coincidencias en la necesidad de modificar la política laboral y de impartición de justicia en México como uno de los muchos cambios necesarios para impulsar mejoras desde el punto de vista social, político y económico.

“Por la vocación jurídico empresarial de nuestro Colegio de Abogados, requerimos poner énfasis en aspectos vinculados con las implicaciones legales en los contratos colectivos de trabajo y los requisitos de mayoría para emplazar a huelga y/o demandar las titularidades de los mismos”.

De acuerdo con la iniciativa, se establecen nuevos requisitos para el establecimiento de los contratos colectivos actuales, mismos que deberán pasar por un proceso de ratificación y deberán estar registrados en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La representación de los abogados de empresa destaca que “esto es con la finalidad de erradicar el uso de estos procedimientos como formas de extorsión y, además, lograr que los mismos den certidumbre jurídica a las empresas preservando las fuentes de trabajo y respetando los derechos de empleados y empleadores”.

Refieren que ante la posibilidad jurídica de una pluralidad sindical (varios sindicatos en una misma empresa e incluso del mismo gremio), es imperioso clarificar, limitar y regular esta figura, de cara a la toma de decisiones, administración y ejecución en tales pactos. “De hacerlo, se prevendrán procesos de desgaste económico y laboral en las fuentes de trabajo; en este sentido conviene detallar los requisitos porcentuales de mayoría y contemplar las denominadas cláusulas de amarre o candados existentes en otras legislaciones laborales”.

Consideran que los procedimientos de titularidad, especialmente los de emplazamiento a huelga por firma o revisión de contrato colectivo de trabajo, traen como consecuencia extorsión o celebración de contratos de protección, “sobre el particular, convendría definir los elementos de prueba que soporten la doble calidad (empleado/agremiado) de las personas que participan en un proceso de mayoría con documentos como el Comprobante Fiscal Digital o el Sistema Único de Autodeterminación”.

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