La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que convoque la consulta pública para la emisión del Protocolo de Comunicaciones de Emergencia.

En un comunicado, el organismo expuso que debe existir una fiscalización y evaluación permanentes de la infraestructura de telecomunicaciones para enfrentar situaciones de emergencia, y emitir un informe detallado de lo acontecido tras los recientes sismos (tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión privada, pública y comunitaria), en todas las entidades del país donde impactó.

Asimismo, urgió a establecer un mecanismo de coordinación con la oficina de la Estrategia Digital Nacional, para que ambas instancias cumplan con su obligación constitucional de contribuir a la inclusión digital universal.

De acuerdo con la Amedi, en países con riesgo de ser afectados por desastres naturales como sismos o huracanes, como es el caso de México, se requieren inversiones adicionales para que las redes y la infraestructura resistan fenómenos naturales como los recientes y los servicios sean restablecidos lo más pronto posible, pues son un derecho fundamental.

"Ambos movimientos telúricos y los fuertes huracanes que enfrenta el territorio nacional cada año evidencian una vez más la brecha digital y la falta de conectividad de los mexicanos más desfavorecidos, así como las indiscutibles ventajas de estar plenamente conectados", abundó.

Esas carencias, señaló, son tan evidentes que el reciente Estudio de la OCDE de telecomunicaciones en México 2017 recomendó que la Estrategia Digital Nacional se actualice y establezca metas específicas.

Refirió que el artículo sexto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2016 señala con claridad que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que deben prestarse en condiciones de cobertura universal.

Asimismo, el artículo décimo cuarto transitorio de la reforma dice que el Ifetel deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal .

A decir de la Amedi, el IFT debió someter a consulta pública el Protocolo de Comunicaciones de Emergencia en el primer trimestre de 2017, pero se ha pospuesto; el objetivo es regular la transmisión de mensajes en situaciones de emergencia de forma ordenada y homogeneizada por parte de los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión en coordinación con las instituciones y autoridades de protección civil.

El IFT no es el único responsable en la emisión oportuna de dicho protocolo; otras entidades del gobierno federal también deben de coordinarse y aportar su experiencia para la inmediata aplicación del instrumento, argumentó.

Sin embargo, aclaró, para que cualquier Protocolo de Comunicaciones de Emergencia sea eficiente y funcione, la población primero debe estar conectada y recibir los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que la política de inclusión digital universal del gobierno federal sigue siendo una asignatura pendiente.