Altán Redes, concesionario del proyecto público-privado de la Red Compartida, emprendió un proceso de concurso mercantil con el que pretende ganar tiempo para renegociar su deuda con los acreedores y asegurar con ello la continuidad de los despliegues de red móvil con tecnología 4G-LTE a los que se encuentra comprometida por contrato desde el 25 de enero del 2017 como empresa ganadora de un concurso de licitación internacional que se inició en el sexenio pasado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Ante los retos actuales a nivel global, Altán Redes, como otras empresas y como muchas iniciativas de infraestructura de esta magnitud, está en proceso para mejorar las condiciones financieras de la compañía (…) Altán se encuentra en negociaciones positivas con la mayoría de los acreedores para preservar el valor de la compañía, salvaguardar los activos, su operación y los empleos de sus colaboradores, en beneficio de todos sus grupos de interés”, dijo la operadora.

Altán no informó por ahora cuánto dinero debe y a qué tipo acreedores, si fabricantes, bancos comerciales, la banca de desarrollo u otro tipo de organización, y tampoco desveló el tipo de activos que utilizará para apalancarse en su petición de concurso mercantil.

Altán, cuarto inversionista en las telecomunicaciones fijas y móviles de México al año 2019 con aproximadamente 1,000 millones de dólares  —el regulador IFT no ha desvelado todavía datos de la industria en cuanto inversión para el año 2020—, informó en la tarde del martes 13 de julio que un contexto económico y financiero global, así como una economía deprimida del consumidor mexicano, complica su capacidad de pago para que pueda mantener su ritmo de inversión en la construcción o contratación de infraestructura y al mismo tiempo recuperar flujo de dinero para la reinversión y el pago de insumos a compañías fabricantes de tecnología, principalmente.

La finesa Nokia y la china Huawei son los principales proveedores de componentes para la operación de Altán Redes en todo México. Con la primera atiende el centro-norte del país, hasta la frontera con Estados Unidos, mientras que con la segunda, avanza con su red hasta la punta de Yucatán.

La empresa también quiere asegurar así sus planes de evolucionar su infraestructura ya instalada hacia tecnología de quinta generación (5G), como ha venido anunciando desde el año 2019 que ese sería su siguiente paso en el sector.

La empresa, que entre sus accionistas y respaldos se encuentran otras marcas de reconocimiento internacional como Morgan Stanley, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y operadores mexicanos como Megacable, aseguró en una comunicación que sus negociaciones con los acreedores avanzan de manera positiva para salvaguardar activos, empleos y asegurar también la cobertura con tecnología 4G-LTE Advanced (4.5G) con la que ya cubre a una población de 73 millones de mexicanos, incluidos aquí las 56 ciudades y regiones comerciales más relevantes del territorio nacional y 86,706 localidades consideradas como poco lucrativas para los operadores tradicionales.

 

“De esta manera, Altán Redes solicitó iniciar un concurso mercantil, mecanismo con el cual continuará con el despliegue de su red y la operación del proyecto de telecomunicaciones de mayor relevancia en la historia del país, y que permitirá cerrar la brecha digital”, indicó.

Salvador Álvarez, director general de Altán Redes, aseguró que la Red Compartida, el nombre con el que se le conoce a la red móvil que construye, mantiene y administra Altán, cuenta con el respaldo del gobierno mexicano para que sus planes no naufraguen.

El gobierno mexicano ha hecho de la Red Compartida de Altán una opción para llevar cobertura “social”, por eso entre el 1 y 21 de octubre del 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) empató los tiempos y las obligaciones de cobertura de Altán con los planes del gobierno de la 4T. De esta manera, el regulador modificó el título de concesión de Altán Redes para que tenga un año más para cumplir sus objetivos de cobertura, a cambio de que en ese plazo sume el mayor número posible de pueblos desconectados y no los deje para el final, como contemplaba el plan original de todo ese proyecto de telecomunicaciones.

La compañía recientemente consiguió sumar a su cliente número cien y a través de ellos, consiguió atender a 3 millones de mexicanos que tienen contratado algún tipo de servicio de telefonía celular, de Internet móvil o de Internet inalámbrico fijo. Compañías como Izzi Telecom, Megacable, Vasanta o Walmart y sus respectivas marcas comerciales tienen contratado la prestación de alguno de esos servicios para su reventa a los consumidores finales.

Altán Redes ya había desvelado en una entrevista radiofónica de abril que su directiva haría un incremento de 70 millones de dólares a su inversión del 2021 y que buscará la posibilidad de recalendarizar pagos con acreedores, después del año 2020 de pandemia de coronavirus que afectó a toda la industria global de telecomunicaciones.

Entre 2017 y 2019, Altán dirigió 22,000 millones de pesos (1,087 millones de dólares) a la expansión de la Red Compartida y sólo por la explotación de la banda de los 700 MHz, ha pagado 1,816 millones de pesos (89.7 millones de dólares) de marzo de 2017 a enero de 2020; sólo en enero de ese año, pagó 504.4 millones de pesos por usar bandas, unos 25 millones de dólares, según documentos del gobierno mexicano, a través del Promtel, el IFT y la SCT.

Además de la renegociación de su deuda, el problema serio de Altán Redes está en cumplir con su meta de cobertura poblacional del 92% en el año 2024.

Los impactos de la pandemia, la economía que se recuperará 4.5% este año y si no llegan nuevos contratos a los 65 existentes que tienen estos cien clientes, se antoja difícil esa meta.

Expertos de la industria sostienen que el gobierno mexicano debería permitir que la empresa comience a vender directamente al consumidor, como una manera de levantar más rápidamente flujo de recursos.

 

@nlucasb