Si bien contiene multas históricas para castigar las prácticas monopólicas, la ley de competencia, que presumiblemente se aprobará en las próximas horas en el Senado, también contiene su propio antídoto a las sanciones, pues se dota a las empresas que violen la ley de una serie de vericuetos legales y herramientas jurídicas para aplazar el pago de las infracciones hasta por cinco años, lapso en el cual podrían lograr además la prescripción de los delitos penales.

Es decir, al final, las prácticas monopólicas podrían tardar hasta cinco años en cobrarse, una vez que terminen los procesos legales y amparos, en caso de que los senadores avalen la figura del juicio ordinario que incluyeron los diputados a la ley antimonopolios y eso si la Comisión Federal de Competencia (CFC) gana el proceso legal, según establece el dictamen que analizará, y en su caso aprobará, la Cámara Alta y cuya copia posee El Economista.

Los senadores dijeron que jueces especializados revisen los casos. El que fueran los amparos está bien. El problema es el procedimiento (de juicio ordinario) que están poniendo: es largo, tortuoso, una telaraña jurídica.

Lo que harán es que ahí se van a quedar los asuntos de la CFC por quién sabe cuántos años y no podremos aplicar las sanciones altas y adecuadas que se están plasmando en el resto de la reforma , acotó por su parte Miguel Flores Bernés, comisionado del organismo antimonopolios.

Piden no tocar el 39

En entrevista con El Economista, el también maestro en Derecho Económico Internacional pidió a los senadores que no toquen el artículo 39 (de la Ley Federal de Competencia Económica), debido a que el problema no está ahí .

El artículo 39 de la propuesta de reformas consigna: El juicio ordinario administrativo ante los juzgados de Distrito y tribunales especializados en materia de competencia económica procede contra resoluciones consistentes en actos decisorios terminales dentro de la etapa generadora del acto administrativo .

Esto se traduce en incluir dos nuevas instancias que son redundantes, pues la empresa que ya violó la ley de competencia tendrá mayores oportunidades de presentar pruebas en diversos procesos; aunque el Poder Judicial tendrá que emitir reglas en los próximos seis meses; (si se aprueba la ley), éstas no detendrán ni acortarán los tiempos, explicó el comisionado de la CFC.

Actualmente, cuando la CFC determina una sanción por prácticas monopólicas, la empresa recurre a un recurso de reconsideración ante la misma Comisión y, de ser avalada, se procede al juicio de amparo (proceso que tarda hasta año y medio).

Lo único que se lograría con la inclusión del juicio ordinario administrativo federal sería repetir el procedimiento seguido en forma de juicio que ya se llevó a cabo ante la CFC, lo que claramente generaría una duplicidad de procedimientos , asevera Miguel Flores.

Los cambios propuestos a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) -como el aumento de multas económicas a 10% sobre ingresos de la empresa, cárcel de tres a 10 años a los infractores, visitas sorpresa, medidas cautelares, transparencia y menos trabas burocráticas- van en sentido correcto, pero las mejoras podrían retrasar por años sus efectos en la realidad ante la creación de juzgados y tribunales especializados en materia de competencia económica que sigan el juicio ordinario administrativo a petición de un particular. (Con información de Jorge Monroy)

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