El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presentado el pasado 30 de abril, estableció la meta de pasar de 25.6% de energía eléctrica producida mediante fuentes limpias en el 2018 a 35.8% al 2024. Lo anterior a pesar de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) estimó que se deben revaluar las metas en este sentido, a la par de que los mayores proyectos de apalancamiento de transmisión y generación renovables fueron suspendidos al arrancar este sexenio.

Para el director general del Cenace, Alfonso Morcos Flores, la meta de energías limpias hacia el 2024 es imposible. “La meta de 35% de energías limpias en el 2024 para mí es irrealizable. El país, para empezar, no tiene los recursos económicos para promover esas inversiones. Creo que debe revisarse esa meta”, dijo el funcionario esta semana durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Senado.

En general, el PND tiene la meta de consolidar al sector energético fortaleciendo la posición financiera y la sostenibilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, pretende garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre regulatoria con base en reglas y criterios consistentes, transparentes y de fácil acceso para los regulados de la industria energética, y propiciar el desarrollo del sector y asegurar el abasto de energéticos a precios accesibles para los consumidores.

“Entendamos lo anterior, que el alcance del PND afectará al sector energético de acuerdo a las propuestas del presidente, a través de un marco regulatorio que deberá de ir evolucionando en dirección al PND, lo que se traduce a que a hoy en día las inversiones se mantienen en standby, y en consecuencia el crecimiento económico y la certidumbre jurídica del mercado”, consideró al respecto el despacho de análisis energético Lexoil Consultores.

Planes en espera

Conforme a los análisis elaborados hasta el cierre de la pasada administración, durante el periodo 2007-2017, creció a una tasa promedio anual de 3.0%, superior al 2.0% del PIB nacional. Así, se requieren 66,912 MW de capacidad adicional, lo que implica un crecimiento de 89% en relación con la capacidad actual para satisfacer la demanda de energía eléctrica en el periodo 2018-2032, lo que representaría una inversión de 1.7 billones de pesos en los siguientes 15 años.

Para integrar esta capacidad adicional, sería necesaria una integración de 55% por tecnologías limpias de proyectos eólicos, solares, nucleares y de cogeneración eficiente. Sin embargo, para alcanzar estas metas alineadas con la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, se contaba con la participación de privados en proyectos bancables gracias a condiciones de certidumbre regulatoria y acceso a la transmisión y distribución de energía, además de apalancamiento de los proyectos por parte del Estado.

Lo anterior incluía la continuidad en las subastas para la adquisición de energía por parte de grandes comercializadores, principalmente la CFE, como un incentivo que otorgaba competitividad a estas tecnologías que no dependen de la volatilidad de los precios de los combustibles. Sin embargo, estos procedimientos fueron cancelados hasta que de 65% de avance en el primero de estos procesos se llegue a 100% en la instalación de plantas de las tres subastas realizadas.

A la vez, fueron canceladas también las licitaciones para dos megalíneas de transmisión que interconectarían a la Península de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional y al Istmo de Tehuantepec con el centro del país, mismas que permitirían desahogar por lo menos 6,000 MW adicionales de energías renovables de ambas regiones en las que hoy los proyectos resultan inviables o a sobrecostos por la saturación en las redes existentes.

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