El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por el cual ordena la desaparición de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que las dependencias públicas funjan como responsables o mandantes.

De acuerdo con las finanzas públicas, al 30 de diciembre del 2019 había 304 fideicomisos, 27 mandatos y siete análogos que concentraban 740,572 millones de pesos.

Según la información disponible, diversas dependencias federales son responsables de dichos instrumentos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene a su cargo el Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud, que a diciembre del 2019 contaba con 105,873 millones de pesos, o la Secretaría de Hacienda, responsable del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que al último mes del año anterior contaba con 158,543 millones de pesos.

El decreto publicado ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que, a más tardar el próximo 15 de abril, las dependencias responsables de los fondos concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos que formen parte de dichos instrumentos.

El decreto, que entra en vigor este viernes, ordena que los ejecutores del gasto deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales a estos instrumentos.

Según lo publicado en el DOF, quedan excluidos del decreto aquellos instrumentos cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Alberto Carrillo, consultor político, explicó que estos instrumentos que fueron creados para todo tipo de actividad gubernamental tenían la característica de que los recursos no fueran parte de un subejercicio en caso de no ser utilizados en un año fiscal; es decir, que se protegían para ciertos fines, sin importar la temporalidad de los proyectos para los que fueron creados.

“La venta de los fideicomisos permite que los recursos presupuestales sean devengados, es decir, no sean subejercidos, aunque los recursos no se gasten”.

De acuerdo con el consultor, desafortunadamente estos instrumentos con el paso de los años concentraron recursos opacos, sin verificación del Congreso de la Unión o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Concentraban dinero no nada más opaco, sino que sin verificación del Congreso o la ASF y lo peor es que era ocioso. Mucho de este dinero estaba en fideicomisos que no reportaban ni siquiera intereses al gobierno federal”.

Uso a discreción

Para Carrillo, con esta acción del gobierno federal, prácticamente los recursos de estos instrumentos podrán ser utilizados a discreción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin necesidad de que estén contemplados en el paquete económico del siguiente año.

“Teóricamente el recurso debería regresar a la Tesorería de la Federación para que se presupuestara para el siguiente ejercicio fiscal y se aprobara en el presupuesto.  Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó una figura para que el dinero pueda ingresar a la Tesorería y considerarse como un gasto devengado, por lo tanto, ya no necesite pasar por el ciclo presupuestal”.

“Así, se brincan esa parte del ciclo presupuestal y el uso lo puede hacer discrecionalmente la SHCP”.

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