Los recortes que se han hecho a la inversión pública, desde administraciones pasadas, se realizan por la falta de una reforma fiscal, aseguró Rodrigo Mariscal Paredes, director general de Análisis Macroeconómico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En las finanzas públicas lo que se hace es, al no haber una reforma fiscal y mayores ingresos, recortar la inversión pública porque es la parte más fácil de recortar”, indicó durante el segundo día de la Cátedra UNAM, la cual se hizo de manera remota.

De acuerdo con datos de la SHCP, en enero de este año la inversión física del sector público presupuestario fue por 40,136 millones de pesos, lo que significó una disminución de 25.4% respecto al mismo mes del año pasado.

Esta es la mayor caída que se tiene para un inicio de año desde el 2016, cuando la inversión física registró una disminución anual de 33.2 por ciento.

“De todas las rigideces que tiene el gasto, la parte de la inversión pública es la más fácil de recortar entonces, lo que se ha venido haciendo es que se ha dejado atrás a la inversión pública desde hace años”, aseveró.

Detalló que “la inversión, a partir de 2018 venía con una tendencia a la baja, pero con la pandemia colapsó por la incertidumbre del tiempo que duraría la contingencia”.

Añadió que lo anterior es un problema porque el país debería invertir mucho más para que el Producto Interno Bruto (PIB) potencial se eleve, no obstante, aseguró que la inversión privada ha logrado compensar la caída de la pública y eso ha llevado a que la inversión total (pública y privada) no haya caído tanto.

Explicó que antes de la pandemia del Covid-19, el gobierno empezó a pensar en cómo cambiar las reglas fiscales en México; sin embargo, la llegada del virus al país detuvo este proceso.

Recientemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta para empezar a hablar sobre la implementación de una reforma fiscal. La última vez que se implementó una fue en el 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Recaudación restó presión a la deuda

Mariscal Paredes subrayó que pese a la crisis económica que se vivió el año pasado que, incluso, fue mayor que otras que se han vivido, la recaudación de impuestos logró mantenerse gracias a una mayor acción en el cobro de éstos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las primeras estimaciones que consideraron el impacto del Covid-19 en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— arrojaban que este cerraría el año en 54.7% del PIB; sin embargo, a finales del 2020 se ubicó en 52.3 por ciento.

“Esto se debió a un esfuerzo muy importante de Hacienda y el SAT para tratar de evitar la evasión fiscal y ser mucho más agresivos en el cobro de impuestos. Esto ayudó a que los ingresos tributarios no se cayeran tanto y pudiéramos tener una mejor deuda”, explicó.

El año pasado, el gobierno logró recaudar 3.3 billones de pesos a través del pago de impuestos de los contribuyentes, lo que significó un incremento de 0.8% respecto al 2019; sin embargo, la recaudación tributaria quedó por debajo de lo aprobado por el Congreso, que eran 3.5 billones de pesos.

Recursos para pensiones

En el caso de las pensiones y los recursos que se les destinarán a éstas ante el anuncio en días pasados sobre la pensión del bienestar, Mariscal Paredes explicó que es un tema del cual aún se debe analizar para el siguiente presupuesto.

“Ahorita no les puedo decir, pero tengan por seguro que en su momento se va a discutir y se va a explicar bastante bien de donde van a venir los recursos”, aseguró.

Explicó que se realizará un análisis sobre el tema para incluirlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el cual se debe entregar al Congreso en septiembre próximo y, junto con la Ley de Ingresos de la Federación, se expondrá cuántos recursos se destinarán a ciertos rubros y de dónde provendrá ese dinero.

“Cuando elaboremos ese presupuesto, todos esos cambios, esas reformas, todo eso va a tener que entrar y ahí es cuando se va a definir cuánto y cómo se va a financiar”.

En días pasados, el Presidente anunció que las pensiones para adultos mayores se entregarán a personas desde los 65 años y no desde los 68 como se venía haciendo, además de incrementar el beneficio a 6,000 pesos bimestrales para el 2024.

Estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), muestran que esta modificación significaría un incremento de 23% en los recursos que se aprobaron este año para las pensiones de este programa, además de que el gasto total en pensiones pasaría de 5.1% del PIB este año a 6.5% en el 2024.

ana.martinez@eleconomista.mx